El despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la compulsa de copias ante la Fiscalía delegada ante ese alto tribunal para que se investigue a 11 funcionarios y exfuncionarios vinculados al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta decisión se enmarca en el proceso por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) y se conecta directamente con la investigación en curso sobre cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara, todos miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
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El listado elaborado por el magistrado Rodríguez incluye nombres que ya estaban bajo la lupa de la Fiscalía, como los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, así como el ex jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González. Sin embargo, la compulsa de copias amplía el espectro de la investigación al incorporar a figuras políticas de peso que, incluso, mantienen aspiraciones presidenciales.
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Según la información obtenida por el periódico El Tiempo, entre los nuevos señalados figuran la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez; el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y precandidato presidencial Mauricio Lizcano; el exministro de Hacienda Diego Andrés Guevara; el exdirector de asuntos legislativos del Ministerio del Interior Kevin Fernando Henao; y la exsecretaria del Ministerio de Hacienda Alba Nury Martínez.
La investigación sobre el saqueo a la Ungrd ha adquirido una dimensión política considerable, ya que involucra a miembros clave del gabinete y a exfuncionarios con influencia en la toma de decisiones del Ejecutivo. El Tiempo detalló que la compulsa de copias busca determinar la posible responsabilidad penal de estos funcionarios en los hechos investigados, lo que podría derivar en procesos judiciales de alto impacto.
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El caso, además, se encuentra vinculado a la indagación sobre la Comisión de Crédito Público del Congreso, donde cinco congresistas y un ex representante a la Cámara ya enfrentan pesquisas por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la gestión de la Ungrd. La decisión del magistrado Rodríguez refuerza la línea de investigación que apunta a una red de responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Niegan principio de oportunidad a Olmedo López
El proceso por el entramado de corrupción orquestado en al Ungrd entró en riesgo tras conocerse que una jueza le negó el principio de oportunidad que Olmedo López había acordado con la Fiscalía General de la Nación, que fue el director de la entidad cuando estalló el escándalo, de acuerdo con lo que reveló El Colombiano.
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El citado medio expuso que la jueza fundamentó su rechazo en supuestas deficiencias del procedimiento seguido por la Fiscalía General. Esta debilidad procesal no solo pone en entredicho los beneficios penales que Olmedo López esperaba, sino que también amenaza la validez de sus declaraciones, consideradas clave para la captura de otros implicados y la vinculación de altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos figuras designadas por el presidente Gustavo Petro.
En el acuerdo judicial se establecía un compromiso de Olmedo López para reparar tanto simbólica como materialmente a los afectadas, a través de una asesoría técnica y acompañamiento a las comunidades de La Guajira que aún esperan acceso al agua, al igual que el pago de una multa de $724 millones y, además, una condena de seis años y dos meses de prisión.
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El frustrado acuerdo iba más allá de la simple colaboración judicial. López, señalado como testigo estrella en la investigación por el sobrecosto en la adquisición de 40 carrotanques para La Guajira, se había comprometido a delatar a otros involucrados, incluidos funcionarios de mayor jerarquía, a cambio de una reducción de su condena y otros beneficios, precisó El Colombiano.
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