
Una intervención liderada por la Fuerza Naval del Caribe permitió identificar una práctica que ha generado preocupación en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, específicamente en el sector de Cayo Acuario, un punto reconocido por sus aguas transparentes y la posibilidad de observar diversas especies marinas en su entorno natural.
Durante operaciones de patrullaje y control en el área, las autoridades reportaron el hallazgo de una actividad que ha sido clasificada como ilegal y riesgosa para el ecosistema marino de la región. Se trata del suministro intencional de alimentos a animales acuáticos, especialmente tiburones y mantarrayas, con el objetivo de atraerlos hacia zonas frecuentadas por turistas.
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Este comportamiento fue observado mientras se ejecutaban acciones en el marco del Plan Acorazado, un dispositivo de seguridad diseñado para la temporada vacacional, y en el que participaron varias instituciones del Estado. Las autoridades sorprendieron a tres individuos mientras realizaban el suministro de alimentos a los animales marinos.
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La práctica de atraer fauna marina mediante el uso de señuelos alimenticios ha sido identificada como una amenaza para el equilibrio natural del ecosistema local. Según expertos, este procedimiento puede modificar el comportamiento de las especies y generar una percepción alterada de su entorno, en especial al asociar la presencia de humanos con la disponibilidad de comida.
Ante la situación, la autoridad marítima emitió una advertencia pública: “Esta práctica ilegal pone en riesgo el ecosistema y la seguridad de los visitantes. Alterar su comportamiento natural afecta la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema”.
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La actividad de atraer animales marinos mediante el uso de alimentos —conocida como cebado— ha sido prohibida en la región. Coralina, la corporación autónoma regional que ejerce autoridad ambiental sobre el archipiélago, expidió en 2022 la Resolución 611, la cual establece la prohibición expresa de esta conducta en el territorio insular, especialmente por su impacto en la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada como una de las áreas ecológicas más importantes del Caribe colombiano.
El cebado marino puede tener consecuencias directas sobre los patrones de comportamiento de los animales. En el caso de los tiburones, por ejemplo, esta conducta podría inducir a las especies a vincular la interacción humana con una fuente de alimentación, lo que eventualmente incrementaría el riesgo de encuentros indeseados con bañistas y afectaría los hábitos de caza, reproducción o migración de estos ejemplares.
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Las personas implicadas en los hechos ocurridos en Cayo Acuario fueron puestas a disposición de los entes ambientales para la aplicación de los procesos administrativos correspondientes. Dichos procedimientos pueden derivar en sanciones que incluyen medidas pecuniarias, acciones judiciales por infracciones contra el medioambiente y restricciones para ejercer labores relacionadas con actividades turísticas o marítimas en la zona.
La entidad marítima reiteró su postura frente a este tipo de acciones y subrayó que “alterar su comportamiento natural afecta la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema”. Las instituciones involucradas aseguraron que continuarán monitoreando las actividades en áreas protegidas del archipiélago, en especial durante temporadas de alta afluencia de turistas.
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Cayo Acuario es uno de los puntos más visitados por viajeros nacionales e internacionales que buscan experiencias de contacto directo con la fauna marina. Su popularidad radica en la facilidad para observar peces, rayas y otras especies en aguas poco profundas y transparentes. Sin embargo, este entorno requiere de prácticas responsables para garantizar la conservación de sus condiciones ecológicas.
Las autoridades recordaron que las medidas establecidas por Coralina están dirigidas a preservar los procesos ecológicos esenciales del ecosistema insular. La manipulación del comportamiento de los animales marinos, aunque aparentemente inofensiva, puede derivar en alteraciones estructurales en la cadena alimenticia marina y en los hábitos naturales de las especies.
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El caso fue dado a conocer públicamente por la Fuerza Naval del Caribe a través de sus canales oficiales, donde también se hizo un llamado a la comunidad local, a prestadores de servicios turísticos y a los visitantes a respetar las normas ambientales.
La entidad enfatizó que la protección del ecosistema marino es una responsabilidad compartida y reiteró su compromiso de hacer cumplir las normativas vigentes.
En lo que resta de la temporada alta, continuarán las acciones preventivas, operativos de vigilancia y campañas de sensibilización para evitar prácticas similares.

Las instituciones presentes en la isla trabajan de manera articulada con el objetivo de salvaguardar uno de los patrimonios naturales más relevantes del país y promover un turismo que se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad y respeto por la biodiversidad.
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