Fuerza Púrpura se fue contra Petro por aumento de inseguridad y acciones terroristas en el país: “Evocan las épocas más oscuras del pasado”

“La Fuerza Pública necesita respaldo real, no discursos vacíos ni limitaciones operacionales impuestas desde la política. Es urgente recuperar la soberanía, el imperio de la ley y el respeto por la vida de los colombianos”, exigió la mesa de trabajo Fuerza Púrpura en un comunicado reciente.

Este grupo, conformado por 75 organizaciones que agrupan a asociaciones, federaciones de la reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la fuerza pública, emitió una declaración en la que rechazó de manera contundente los hechos de violencia registrados en los últimos días en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el documento, Fuerza Púrpura expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los miembros de la fuerza pública que, según sus palabras, “continúan arriesgando su vida por proteger a los colombianos”. El movimiento denunció que la actual ola de violencia, caracterizada por masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, atentados con explosivos y otros ataques, “evoca las peores épocas del accionar del narcotráfico y del terrorismo”, citando las 35 masacres ocurridas a lo largo del año.

A propósito, hicieron énfasis en el hallazgo de ocho cuerpos de líderes religiosos en el departamento del Guaviare, y el asesinato de más de 60 miembros de la fuerza pública. El grupo también mencionó el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

Así las cosas, el grupo calificó estos hechos como “expresiones gravísimas de una criminalidad que actúa con total sevicia, desprecio por la vida humana y abierta intención de desestabilizar el orden institucional, todo lo opuesto a una voluntad de paz y a una reconciliación nacional”. Fuerza Púrpura fue enfática en advertir que no se puede permitir que Colombia “retroceda” a sus peores épocas, por lo que reiteró la urgencia de recuperar el control y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El pronunciamiento incluyó una crítica directa al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de mantener una “actitud permisiva, ambigua y complaciente” frente a la escalada terrorista. Según sus consideraciones, “la política de la denominada paz total ha sido utilizada y aprovechada por las estructuras criminales para reorganizarse, expandirse y actuar con mayor impunidad”.

A la par, señaló que “los ceses al fuego, la inacción política e institucional frente al control territorial de facto por parte de disidencias y el crimen organizado transnacional, y la incapacidad del gobierno para proveer las necesidades de bienes y servicios a las comunidades, están llevando a Colombia a escenarios que evocan las épocas más oscuras del pasado”.

Por la escalada de violencia, la organización hizo un llamado al primer mandatario a incrementar los esfuerzos del Estado con el fin de mejorar la atención en la región del Catatumbo.

“Estas regiones padecen hoy un notable aumento en los enfrentamientos armados, el narcotráfico, las economías ilícitas, los impuestos ilegales o ‘tributos revolucionarios’ (exigidos a todos los productores incluso con datos oficiales de catastro en manos de bandidos), la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado, traducido en crisis humanitarias de proporciones que habían sido superadas”, denunciaron inicialmente las asociaciones.

Así mismo, recordó que los grupos armados implicados en el conflicto que afectó a todo el departamento de Norte de Santander abusaron de los benéficos otorgados por el Gobierno nacional con el fin de fomentar la desmovilización.

“Las diferentes organizaciones criminales han abusado de los gestos de paz del gobierno y de los ceses al fuego, aprovechando los mismos para expandir sus estructuras y actividades criminales, consolidar áreas y corredores estratégicos, y expandir sus fuentes de financiación. Los alarmantes combates en el Catatumbo, Arauca y Guaviare demuestran claramente que estamos ante una salvaje pugna entre organizaciones criminales fortalecidas y envalentonadas por el control territorial, las rutas del narcotráfico, las rentas de economías ilícitas y el control social y político de las bases de población, con énfasis en las juventudes”.