
La Alcaldía de Bogotá informó sobre la reubicación de la comunidad embera que se encontraba asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, debido a que las condiciones actuales de hacinamiento e insalubridad representaban un riesgo para la vida e integridad de esta población.
De acuerdo con la información proporcionada por la administración, la comunidad embera lleva de cerca de tres años esperando una solución definitiva para retornar a su territorio o ser reubicada en condiciones dignas. Sobre lo anterior, el distrito hizo un llamado al Gobierno nacional para que el proceso avance con mayor rapidez.
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En este contexto, el 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Administración distrital trasladar de manera urgente e inmediata a la población embera ubicada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. El fallo del Tribunal concedió un plazo de tres meses para evacuar a las personas alojadas allí, mientras la Unidad para las Víctimas avanza en la búsqueda de una solución duradera y sostenible para la situación de vulnerabilidad del pueblo indígena.

En respuesta, la Administración distrital evaluó durante los últimos seis meses más de 70 predios, verificando que cuenten con espacio suficiente, entornos seguros para menores de edad, redes eléctricas y sanitarias en funcionamiento, y la posibilidad de instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente desde el inicio.
El proceso de búsqueda de un predio adecuado implicó más de 10 reuniones interinstitucionales, espacios de diálogo con los voceros de la comunidad embera en la UPI y un proceso de caracterización realizado el 28 de mayo de 2025, liderado por la Unidad para las Víctimas y acompañado por más de siete entidades del distrito. La caracterización resultó determinante para seleccionar un predio con capacidad suficiente para albergar tanto a la población de la UPI La Rioja como a quienes se encuentran en inmediaciones del Parque Nacional.

Tras el análisis técnico, un equipo intersectorial compuesto por cinco entidades distritales visitó y evaluó 21 predios, que posteriormente fueron presentados ante un comité de alto nivel. Finalmente, y ante la obligatoriedad y los plazos establecidos en el fallo de tutela, se determinó que la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac) es la alternativa idónea para la relocalización transitoria de la comunidad Embera. De acuerdo con la alcaldía, la decisión pretende garantizar el derecho a un alojamiento digno y cumplir con los estándares judiciales fijados por el Tribunal.
Es importante señalar que la propuesta fue presentada ante el Comité de Emergencia ordenado en el fallo, con la participación de cuatro entidades distritales, la Personería de Bogotá, integrantes de la comunidad embera y representantes de la Organización Indígena de Colombia (Onica).
“Entendiendo la importancia y relevancia de la sede del Idpac para actores sociales, políticos y comunitarios, pero también la dificultad en la consecución de un lugar que cumpla con los requisitos perentorios establecidos en el fallo de tutela, se tendrán reuniones de socialización con todas las personas, organizaciones, asociaciones interesadas para poder responder las dudas que surjan en torno a la posibilidad de destinar el predio para albergar de manera transitoria a la comunidad embera”, señaló la administración.

El distrito aseguró que se buscarán nuevas instalaciones para el Idpac que permitan el desarrollo de su labor misional en condiciones óptimas, y que no habrá desmejoras en seguridad y salud en el trabajo para los servidores de la entidad ni para quienes acuden a sus instalaciones.
Además, destacó que con una serie de adecuaciones que adelantará la administración, el predio podrá contar con las condiciones necesarias para la atención integral de niños, niñas y adolescentes del pueblo embera. El espacio dispone de áreas definidas que facilitarán la articulación interinstitucional y el funcionamiento coordinado de los servicios distritales enfocados en esta población.
En particular, el predio permitirá ubicar un punto fijo de atención de la Secretaría de Salud y del Puesto de Mando Unificado (PMU), encargado de articular la respuesta institucional y activar rutas de protección para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Administración distrital enfatizó que ese alojamiento es una medida transitoria, mientras avanzan los procesos de retorno y reubicación liderados por la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, la decisión tomada por el distrito no fue del gusto de los vecinos de Montevideo, quienes llamaron a una protesta formal en las afueras de la sede del Idpac, a las 6:00 p. m. de lunes 7 de julio de 2025.

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