Desde el pasado 7 de junio, la contienda presidencial de 2026, que comenzó desde este año, cambió completamente por cuenta del atentado en contra del senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe, que lucha por su vida, desde entonces, luego de que un adolescente le disparara durante un acto político en el tradicional barrio Modelia.
Y aunque su caso ha conmovido en general a los ciudadanos del país, incluidos sus contradictores políticos, el miércoles 25 de junio, en el informativo de televisión Noticias Caracol establecieron, en primicia, que dos sindicatos le iniciaron un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, pese a la difícil situación en la que se encuentra el congresista.
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Se trata de una demanda que instauraron en el alto tribunal la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen).
Las dos organizaciones justificaron la querella señalando que Uribe Turbay se habría válido de su cargo para obtener ventajas políticas indebidas que favoreciesen su aspiración electoral, violando así los principios éticos que rigen el ejercicio parlamentario, recogieron en el mencionado noticiero.
“Dicho acto ilícito realizado expuso su vida la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo [sic]”, señala el documento de la demanda.
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Bajo ese argumento sostuvieron en el documento que el congresista “incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1°, de la Constitución Política, por violación al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades”.
En el texto de la demanda insistieron en que se trató también de un “acto de imprudencia” que tuvo como consecuencia el “ataque a su propia humanidad”, y que el atentado “no lo exime de su responsabilidad así sea un legislador de la cámara alta”.
La acción administrativa está en etapa de admisión y por reparto fue asignada al actual presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien tendrá que decidir si la estudia, informaron en exclusiva en Noticias Caracol.
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Los familiares del congresista que completa 19 días en la Fundación Santa Fe, no salen de su asombro por esa indolente acción, agregaron en ese medio de comunicación.
A propósito del violento hecho en contra del precandidato, en la revista Semana revelaron que la hipótesis que toma más fuerza es que detrás del atentado está la disidencia de las Farc Segunda Marquetalia, que fundó Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Durante una rueda de prensa conjunta celebrada el 24 de junio, fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, acompañada por el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, detalló también los nuevos avances de la investigación.
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“No tenemos referencias de amenazas en su contra, de problemas personales en su contra, de algún otro delito que hubiese podido motivar este atentado tan planeado y por eso es que hablamos de que este es el escenario en el cual se enmarca, jurídicamente hablando, esta conducta”, señaló Camargo.
En los días posteriores al atentado, se consideró la posibilidad de que el ataque hubiera sido un acto aislado, producto de la polarización política que atraviesa Colombia. Sin embargo, la evidencia recabada por los investigadores permitió descartar esa hipótesis.
“En un primer momento, tuvimos como hipótesis que esto era un acto demencial, de una persona que atentaba contra un político de oposición dada la polarización que existe; hoy sabemos que esa no es la hipótesis”, indicó.
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La investigación ha revelado que el ataque fue cuidadosamente planeado. Según la fiscal General, “hemos podido comprobar a través de evidencia que es un acto planeado, que se llevó a cabo una serie de actividades preparatorias, una total reflexión ante la conducta que se iba a cometer, no es un acto demencial”.
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