María Fernanda Cabal denunció ante la Fiscalía el presunto secuestro de 57 soldados: “No permitiremos que los criminales sigan desafiando al Estado”

La senadora María Fernanda Cabal ha elevado el tono del debate nacional tras denunciar ante la Fiscalía General de la Nación los hechos ocurridos el 22 de junio de 2025 en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca, donde, según su denuncia, 57 soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados por supuestos campesinos instrumentalizados por las disidencias de las Farc.

“He interpuesto denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los graves hechos ocurridos el pasado 22 de junio en El Tambo, Cauca, donde 57 hombres del Ejército Nacional fueron secuestrados por supuestos campesinos instrumentalizados por las Farc”, escribió la congresista en su cuenta oficial de X.

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La declaración, que rápidamente generó reacciones en el ámbito político y social, pone en el centro del debate la seguridad nacional y la situación de orden público en una de las regiones más conflictivas de Colombia.

En su mensaje público, la senadora Cabal no solo informó sobre la denuncia, sino que exigió acciones concretas de las autoridades judiciales.

“Solicito que se investigue y judicialice a los autores y determinadores de este acto de secuestro y terrorismo, que atenta contra la seguridad nacional y la vida de nuestros soldados”, afirmó la legisladora, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de una respuesta institucional contundente.

La congresista añadió: “No permitiremos que los criminales sigan desafiando al Estado y sometiendo a las comunidades al miedo”, en una clara alusión a la persistente influencia de los grupos armados ilegales en la región.

La denuncia formal, dirigida al director seccional de la Fiscalía General de la Nación en el Cauca, Nelson Escobar, detalla los hechos que motivaron la acción judicial.

Según el documento, el 22 de junio de 2025, “personas indeterminadas que, según medios de comunicación, pertenecen a comunidades rurales ‘instrumentalizadas’ por las disidencias de las Farc, rodearon y secuestraron a 57 soldados del Ejército Nacional”.

La senadora sostiene que la acción de secuestro se produjo como respuesta a la inconformidad de las comunidades locales ante la presencia de la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado, en El Tambo, y en la zona del Cañón del Micay.

De acuerdo con la denuncia, aunque la Fuerza Pública ha realizado un despliegue considerable en la zona, la influencia de los grupos armados ilegales persiste y condiciona la vida de las comunidades.

La parlamentaria señala que, pese a los esfuerzos estatales, “éstos últimos aún ejercen influencia en la zona sobre las comunidades cercanas”, lo que, en su opinión, facilita la comisión de delitos como el secuestro y el terrorismo.

En el escrito presentado ante la Fiscalía General de la Nación, la senadora Cabal fundamenta su denuncia en varios artículos de la Constitución Política de Colombia y del Código Penal Colombiano.

Cita el artículo 2 de la Constitución, que establece como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Además, recuerda que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

La denuncia también hace referencia al artículo 11 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida como inviolable y prohíbe la pena de muerte, y al artículo 12, que prohíbe la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El artículo 13, igualmente citado, establece la igualdad ante la ley y la protección especial a personas en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la obligación estatal de sancionar los abusos o maltratos cometidos contra ellas.