
La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de retirar de su cargo al procurador regional del Vichada, Julián Roberto Moya, debido a su presunta participación en actividades políticas relacionadas con las elecciones regionales atípicas que se celebrarán este domingo 15 de junio.
En estos comicios se elegirá al nuevo gobernador del departamento de Vichada, en un proceso que ha estado marcado por denuncias de irregularidades.
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Según informó el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, la denuncia presentada ante la Procuraduría señala a varios funcionarios del departamento por su supuesta intervención en política en favor del candidato Juan Carlos Cordero Rojas.
Este aspirante cuenta con el respaldo del exgobernador Alexys Benito, que recientemente fue condenado por delitos relacionados con corrupción.
En un video que ha circulado ampliamente en redes sociales, se observa a diversas figuras públicas del departamento participando en actividades de proselitismo político.
Entre los implicados se encuentran el gerente del hospital San Juan de Dios, dos procuradores regionales, el gobernador encargado, el alcalde del municipio de La Primavera y la esposa del exgobernador Alexys Benito.

Todos ellos habrían manifestado su apoyo al candidato Juan Carlos Cordero Rojas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral, según Caracol Radio.
La denuncia presentada por Andrés Idárraga subraya la gravedad de estas acciones, ya que funcionarios públicos tienen prohibido participar en actividades políticas.
Este tipo de conductas no solo vulnera la imparcialidad que deben mantener los servidores públicos, sino que pone en entredicho la legitimidad de las elecciones en el departamento.
El respaldo de Juan Carlos Cordero Rojas por parte de Alexys Benito, que enfrenta una condena por corrupción, ha intensificado las críticas hacia el proceso electoral en Vichada.
La relación entre ambos ha sido señalada como un intento de perpetuar prácticas cuestionables en la administración pública del departamento.
¿Qué hizo Alexys Benito?
El miércoles 5 de febrero de 2025, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Alexys Benito Castro, actual gobernador del departamento de Vichada, por actos de corrupción relacionados con su gestión como alcalde de Santa Rosalía entre 2012 y 2015.
El mandatario deberá cumplir una pena de siete años y nueve meses de prisión en un centro carcelario, además de pagar una multa de 14.000 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con la revista Cambio, la condena se originó por el delito de peculado por apropiación, relacionado con irregularidades en el contrato N.° 164 de 2012.
Este contrato, por un valor de 13.719.876,87 pesos colombianos, estaba destinado a la construcción de un puente sobre el río Güichire, cerca del resguardo indígena Sáliba.
Sin embargo, las investigaciones revelaron que la obra ya había sido realizada por un ciudadano, Ramón Caribana, y otros miembros de la comunidad, que completaron el proyecto en solo tres días, sin intervención del contratista oficial.
El caso comenzó a investigarse en 2017, cuando la Fiscalía General de la Nación detectó irregularidades en la ejecución de contratos durante la administración de Benito Castro como alcalde.
Según el expediente, el contrato oficial fue suscrito con el contratista Wilfredo Castillo Tovary, que recibió el pago completo de la obra sin haber participado en su ejecución.
La sentencia emitida en septiembre de 2023 concluyó que el delito de peculado por apropiación se configuró debido a que los fondos públicos fueron desviados de manera irregular.

El contrato en cuestión levantó sospechas debido a las fechas de inicio y finalización, ya que el puente ya estaba construido antes de que se formalizara el acuerdo con el contratista.
Según la sentencia, Wilfredo contrató a Ramón, que fue, insiste, el que, bajo su propia cuenta y riesgo, construyó la obra”. Este hecho fue clave para determinar que los recursos públicos fueron apropiados de manera indebida.
El proceso judicial contra Benito Castro y otros implicados ha sido extenso. En 2017, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra el entonces exalcalde y su secretario de Planeación, José Aureliano Rodríguez Catimay, por delitos contra la administración pública.
Aunque en un primer fallo emitido en junio de 2023 ambos fueron absueltos, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. En septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Villavicencio revocó parcialmente la sentencia inicial y declaró culpables a Benito Castro, Rodríguez Catimay y Wilfredo Castillo Tovary.
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