Posible nombramiento de Ricardo Roa como ministro transferiría sus procesos jurídicos a la Corte Suprema

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, podría enfrentar un cambio significativo en su situación jurídica si se concreta su salida de la estatal petrolera para asumir un cargo en el Gobierno.

Roa estaría siendo considerado para liderar el Ministerio de Minas y Energía, lo que implicaría no solo un reajuste en esta cartera, también un cambio en el manejo de las investigaciones que actualmente enfrenta en la Fiscalía General de la Nación.

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En la actualidad, Roa está bajo investigación por dos casos específicos. El primero se relaciona con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, conocida como “Petro Presidente”. El segundo caso involucra supuestas irregularidades en la contratación dentro de Ecopetrol. De acuerdo con expertos penalistas consultados por Caracol Radio, si Roa asume un cargo ministerial, automáticamente adquiriría un fuero especial que modificaría la jurisdicción de sus procesos, trasladándolos a la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Francisco Bernate explicó que los ministros del despacho cuentan con un fuero que les otorga la posibilidad de ser juzgados por la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema. Esto significa que las investigaciones activas en la Fiscalía pasarían a ser competencia de las fiscalías delegadas ante la Corte. Por su parte, el abogado Camilo Burbano detalló que este tipo de fuero varía según el cargo. En el caso de los ministros, aunque la investigación sigue a cargo de la Fiscalía, esta debe ser realizada por fiscales delegados ante la Corte Suprema, y cualquier juicio sería llevado a cabo por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.

El posible nombramiento de Roa como ministro de Minas y Energía también ha generado especulaciones sobre una estrategia jurídica para pausar o modificar el curso de las investigaciones en su contra. La Procuraduría General de la Nación emitió recientemente un concepto de 80 páginas en el que se recomienda sancionar a Roa y a otros tres miembros del equipo financiero de la campaña presidencial de 2022. Este informe señala ocultamientos y omisiones en el manejo de recursos durante la campaña, lo que ha intensificado las tensiones en torno a su gestión.

Además, El Tiempo reveló que la junta directiva de Ecopetrol aprobó un contrato por 5,8 millones de dólares para investigar los “riesgos reputacionales” relacionados con su presidente. Este contrato está vinculado a las denuncias sobre financiación irregular de la campaña presidencial y a su desempeño en la empresa. Estas acciones incrementaron los rumores sobre su eventual salida de Ecopetrol, la compañía más importante del país.

En caso de que Roa sea designado como ministro, sus procesos en la Fiscalía serían asumidos por la Corte Suprema, como ocurrió en el caso del actual ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, investigado por presunto tráfico de influencias en el caso del “carrusel de la contratación”, que vio su proceso trasladado a la Corte Suprema debido al fuero especial que adquirió al ser nombrado alto funcionario del Gobierno.

Por otro lado, el posible traslado de Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, a la presidencia de Ecopetrol enfrenta obstáculos legales. Según la Ley 1952 de 2019, Palma debe esperar un año después de dejar su cargo ministerial para poder asumir un puesto en la estatal petrolera. Este requisito podría complicar las movidas dentro del gabinete y la empresa.

En este contexto, las investigaciones contra Roa incluyen señalamientos sobre la presunta financiación de la campaña presidencial con recursos de origen ilegal y su supuesta participación en el direccionamiento de contratos a favor de una empresa del sector aéreo. Si bien su posible nombramiento como ministro le otorgaría un fuero especial, este no lo eximiría de ser investigado y juzgado, aunque bajo un procedimiento diferente y ante una instancia superior.