A partir del martes 13 de mayo se empezará a conocer la suerte de la consulta popular: mecanismo de participación popular promovido por el presidente de la República, Gustavo Petro, que busca revivir puntos fundamentales de la reforma laboral que fue rechazada en la Comisión Séptima del Senado, cuando un bloque de ocho integrantes de la célula legislativa votaron a favor del hundimiento de la proposición, que debía surtir el tercer debate.
De cara a esta discusión, que se prevé intensa, Miguel Uribe Turbay ,senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, reiteró su postura en contra de la iniciativa: la cual calificó como perjudicial para los trabajadores y una herramienta política para beneficiar al Gobierno nacional, que según él lo que pretende es adelantar la campaña electoral de cara a los comicios que se adelantarán en el año que se avecina.
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Desde Ibagué, en donde llevó a cabo un acto de promoción de su aspiración, el congresista hijo de la asesinada periodista Diana Turbay Cotes lanzó duras críticas contra la convocatoria impulsada por el primer mandatario, que requiere de al menos 53 de los 105 votos disponibles para avanzar en el Senado y que, de esta manera, pueda adelantarse; aunque para ello se requerían, según advirtió el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, recursos por el orden de los $700.000 y $750.000 millones.
Según Uribe, la consulta popular es “una estafa laboral” que no solucionará las problemáticas de los colombianos, sino que agravará la situación de las personas más vulnerables. “La consulta popular de Petro es una estafa. Vende un paraíso sin un camino para conseguirlo, hace promesas sin poder cumplirlas. Es engañar a los trabajadores”, afirmó de manera categórica durante su intervención en la capital del Tolima, en donde compartió con sectores afines a su partido, asó como lo han hecho otros precandidatos.
Los argumentos de Miguel Uribe para rechazar la consulta popular de Gustavo Petro
Asimismo, Uribe Turbay argumentó que propuestas similares promovidas por el Gobierno han resultado contraproducentes. En su discurso, recordó las promesas de la reforma a la salud, al advertir que sus resultados han sido negativos, especialmente para las personas de menores ingresos. “Nos dijeron que los cambios eran para mejorar, pero hoy vemos cómo los colombianos se mueren por falta de atención”, añadió el congresista opositor. Y agregó que, de aprobarse esta consulta, ocurriría algo similar con los trabajadores, que serían los principales afectados.
De esta manera, el senador también señaló que significaría un abuso de los recursos públicos, que solo tendría como fin consolidar intereses personales y partidistas de Petro, al que acusó, una vez más, de usar la consulta para garantizar continuidad política a través de su representatividad y elegirse con un sucesor. “El único interés de Gustavo Petro es aferrarse al poder utilizando nuestros impuestos para promover a su partido”, expresó Uribe Turbay.
El escenario que se avecina no perecería favorable al Ejecutivo, que aún no contaría con el respaldo mayoritario en una corporación en la que los votos no estarían cantados; contrario a lo que acontece en la Cámara de Representantes, en la que sí cuenta con amplio y decidido respaldo. Para defender su posición, Uribe anticipó que llamará a sus colegas a unirse a esta iniciativa<a para derrotarla en el Senado. “No es popular, no es laboral. Es literalmente una emboscada”, afirmó.
Es válido precisar que la fecha para el inicio formal de las discusiones sobre la consulta popular fue consensuada entre el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. En caso de que sea aprobada en el lapso de un mes, que es lo que podrá durar el trámite en el legislativo, el Gobierno espera llevar la votación al público antes del 1 de septiembre; pues contaría con tres meses más para llamar a los ciudadanos a las urnas.
Por su parte, la reforma laboral, cuyo rechazo dio origen a esta consulta, casi el mismo día en el que se hundió en el Senado, el 11 de marzo de 2025, incluía propuestas orientadas a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos; sin embargo, sus críticos argumentaron que las medidas planteadas no eran sostenibles económicamente y podrían afectar la creación de empleos formales.
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