Tras ‘agarrón’ del ministro de Minas con el Consejo Gremial, Gobierno habría solicitado la renuncia de nueve empresas de energía a la Andesco

El conflicto entre el Gobierno y el sector de servicios públicos ha escalado en las últimas horas, después de que el Ejecutivo considerara la toma de polémicas decisiones contra uno de los gremios de energía más importantes del país: la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

De hecho, según información revelada por El Tiempo, el Gobierno ha ordenado a las empresas de energía estatales y aquellas intervenidas que renuncien de manera inmediata a su afiliación a la Andesco, liderada por Camilo Sánchez.

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Esta medida se produce tras un enfrentamiento público entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y Sánchez, que también preside el Consejo Gremial.

El enfrentamiento comenzó luego de que Sánchez advirtiera sobre un posible “apagón financiero” en el sector eléctrico, derivado de deudas acumuladas por el Gobierno con las empresas distribuidoras de energía.

Estas deudas incluyen subsidios de energía ya prestados, obligaciones relacionadas con la opción tarifaria y pagos pendientes por servicios básicos.

Según Sánchez, esta situación está afectando la capacidad financiera de las empresas para mantener y mejorar la calidad del servicio, lo que podría poner en riesgo el suministro de energía, agua y gas en los hogares colombianos.

En respuesta, el ministro Palma acusó a Sánchez de utilizar el tema del apagón financiero como una herramienta política en el contexto electoral. A través de sus redes sociales, Palma afirmó que Sánchez está “amenazando con apagones” para influir en el debate político y electoral.

Además, cuestionó la doble presidencia de Sánchez en Andesco y el Consejo Gremial, sugiriendo que esta dualidad genera conflictos de interés y que el dirigente está más enfocado en criticar al Gobierno que en proponer soluciones concretas para los problemas del sector.

“Porque por ser presidente del Consejo Gremial abandona a su gremio de origen, al de los servicios públicos. Están en disputa de afiliados entre los distintos gremios. A ver quién es el más “antipetrista” para posicionarse en el debate electoral. Están en el “nada debe ni puede cambiar””, señaló el ministro.

Como parte de las medidas adoptadas, El Tiempo reveló que ya se han presentado las primeras renuncias de empresas estatales a Andesco. La Electrificadora del Huila y Air-e han oficializado su salida del gremio.

En una carta firmada por Nika Cuéllar Cuenca, gerente de ElectroHuila, se comunicó la decisión de cancelar la afiliación a Andesco, mientras que Air-e justificó su retiro argumentando que la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha generado una situación de fuerza mayor que exime a la empresa de ciertas obligaciones financieras con el gremio.

Además, Air-e señaló que, aunque las obligaciones posteriores a la intervención han sido cumplidas, el saldo pendiente con Andesco, que asciende a 12.295 millones de pesos, corresponde a deudas previas a la toma de posesión por parte del Gobierno. Según la empresa, esta situación no representa un obstáculo para proceder con la desafiliación.

Asimismo, ya se estaría trabajando en la creación de una nueva asociación que agrupe a las empresas estatales y aquellas intervenidas, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para financiar actividades que, según el Gobierno, tienen un carácter político y opositor.

Palma afirmó que “con recursos públicos no se puede financiar congresos de oposición política”, en referencia a las actividades organizadas por Andesco.

En sus declaraciones, Palma criticó duramente a Sánchez, acusándolo de no presentar propuestas concretas para abordar los problemas que afectan a los usuarios, como las altas tarifas de energía.

Según el ministro, Sánchez utiliza su posición para lanzar ataques al Gobierno y posicionarse políticamente en el contexto electoral. Palma también señaló que el dirigente gremial omite mencionar la responsabilidad de administraciones anteriores y otras autoridades locales en los problemas actuales del sector.