Crisis financiera sacude a Colombia: la infraestructura del país en peligro por decisiones del gobierno, así lo advierte la Anif

A pesar de la importancia estratégica del sector infraestructura para el desarrollo del país, en Colombia los proyectos de transporte y obras públicas enfrentan actualmente uno de los escenarios más desafiantes de su historia reciente. Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reveló que los desequilibrios financieros, la incertidumbre normativa y los recortes presupuestales están erosionando gravemente la capacidad del Estado para sostener y financiar la infraestructura nacional.

La alerta, que lleva meses gestándose, fue calificada por la entidad como un verdadero “apagón financiero”, en alusión a la combinación de decisiones de política pública que pusieron en jaque los mecanismos tradicionales de financiación a largo plazo. Para Anif, los efectos de estas decisiones se acumularon desde 2023, cuando comenzaron a advertir sobre los riesgos estructurales del sistema.

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Uno de los puntos más delicados recae sobre el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (Fcee), una herramienta diseñada para garantizar obligaciones en proyectos de infraestructura que involucran participación privada. Este fondo se vio sometido a presiones “extraordinarias” entre 2023 y 2024, debido a que el Estado se vio obligado a asumir desequilibrios generados por políticas como el congelamiento de tarifas de peajes, decretado por el Gobierno en 2023. Esta medida alteró de forma significativa los ingresos proyectados para los concesionarios, provocando un desbalance que derivó en una mayor dependencia del Fcee.

Como consecuencia, los desembolsos del fondo aumentaron drásticamente, reduciendo sus reservas acumuladas y generando preocupaciones sobre su capacidad de responder en el futuro. “La infraestructura, como la vivienda, requiere una visión de Estado, no de Gobierno”, enfatizó Anif, al advertir que estas situaciones podrían elevar el costo del financiamiento y comprometer el desarrollo de nuevas concesiones.

En paralelo, la herramienta de vigencias futuras —esencial para planificar inversiones de largo plazo— también atraviesa una etapa crítica. Más del 50% del presupuesto del Instituto Nacional de Vías (Invías), por ejemplo, depende de esta figura. Sin embargo, la entidad ya acumula compromisos por más de $1 billón en vigencias expiradas, lo cual dejó en estado crítico a 57 proyectos de alto impacto. Empresas consultoras, constructoras e interventoras que ya prestaron sus servicios aún no han recibido pago, lo que compromete su liquidez y sostenibilidad financiera.

La situación se agravó aún más a inicios de 2024, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro inició una revisión del sistema de vigencias futuras, lo que generó un vacío legal en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación. En ese documento, no se especificaron $12,5 billones asignados al sector transporte, lo que paralizó temporalmente la operación de entidades clave como el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Aunque esta omisión se corrigió más tarde con un nuevo decreto, la incertidumbre provocada afectó la ejecución de proyectos y sembró desconfianza entre los actores del sector.

Los recortes presupuestales añadieron más tensión a un contexto ya frágil. En 2024, se decretó un congelamiento general de $28,4 billones, de los cuales $1,4 billones correspondían directamente a inversiones en infraestructura de transporte. Luego, en enero de 2025, el Decreto 0069 aplazó apropiaciones por otros $12 billones, incluyendo $1,5 billones destinados al sector. Esta medida tuvo un impacto directo sobre iniciativas prioritarias como el Metro de Bogotá, el Canal del Dique, la Troncal de la Calle 13 de TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

A juicio de Anif, estas decisiones tuvieron un efecto devastador sobre la confianza de los inversionistas. La asociación destacó que el sistema de vigencias futuras, clave para financiar obras que requieren plazos extensos, está en riesgo de colapso por la falta de reglas claras, señales contradictorias desde el Ejecutivo y recortes discrecionales en la asignación presupuestaria. “Sin una planificación a largo plazo, reglas previsibles y responsabilidad fiscal, el país no podrá responder adecuadamente a sus necesidades en transporte, energía y saneamiento”, advirtió el informe.

Lo que antes era un modelo que permitía articular el esfuerzo público y privado para dotar al país de infraestructura moderna y funcional, hoy enfrenta un proceso de debilitamiento profundo. Anif insiste en que el enfoque cortoplacista y las decisiones aisladas están minando los fundamentos del sistema. Sin un viraje en la política pública, la infraestructura colombiana corre el riesgo de entrar en una etapa de estancamiento, con consecuencias no solo para el crecimiento económico, sino para el bienestar de millones de ciudadanos que dependen de ella.