Frente 33 de las Farc creó campo de concentración en El Catatumbo, denunciaron civiles en Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) recibió una grave denuncia de lo que sería una suerte de campo de concentración en la convulsionada región de El Catatumbo (Norte de Santander), zona de frontera con Venezuela, donde desde mediados de enero el ELN y la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc Frente 33 se disputan a sangre y fuego la ruta del narcotráfico a través del hermano país.

Uno de los sobrevivientes que estuvo en uno de estos escabrosos lugares, que denominan como “campamentos de resocialización”, señaló que el grupo que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 llevaba a esos sitios a los civiles de los que sospechaban que estaban colaborando con la Fuerza Pública o que incumplían con las normas que les impusieron, según recogieron en el último informe que publicó HRW sobre la crisis humanitaria que padecen en ese territorio del nororiente de Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Esos espacios del horror los implementó el grupo disidente en 2024, cuando la persecución del Estado colombiano en su contra cesó en medio de las negociaciones que adelantan dentro de la política de paz total que impulsa el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”, indicaron en el observatorio de Derechos Humanos.

El superviviente indicó en HRW que llegó a ese sitio de concentración porque lo “investigaban” luego de que publicara por WhatsApp el video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que para los guerrilleros del Frente 33 era una evidencia de que colaboraba con esa fuerza militar.

Allí, junto con otras 27 personas, era obligado a cortar caña de azúcar desde la 4 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.

“Una vez, un combatiente [del Frente 33] mató a una pareja que estaba discutiendo... Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”, relató la víctima.

También contó que los insurgentes ejercían violencia sexual contra las mujeres y niñas que llevaban a ese “campamento”, y les otorgaban privilegios como “dormir en una cama” a las que eran sus “favoritas”.

“Funcionarios públicos señalaron a Human Rights Watch que habían recibido reportes similares de casos de violencia sexual”, indicaron en el informe.

En el observatorio de Derechos Humanos recordaron que por los niveles de pobreza que hay en El Catatumbo, la población civil se ve obligada a aceptar la connivencia con los insurgentes, ya que ellos en muchas ocasiones han financiado y construido obras de infraestructura que requieren en las comunidades como “carreteras, escuelas y hospitales”.

“Para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños. A menudo, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del ELN”, explicaron en HRW.

De esta manera mantienen intimidados a los líderes sociales de las comunidades de El Catatumbo y los obligan a asistir a reuniones en las que les imponen sus normas, y en caso de incumplir los asesinan.

“El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, un líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33”, indicaron en HRW.

De acuerdo con datos del reporte más reciente entregado por la Gobernación de Norte de Santander, hasta el 21 de marzo de 2025, se tenía un total de 94 muertos, donde 81 eran civiles, 6 eran firmantes del acuerdo de paz, 4 eran menores de edad y 3 eran líderes sociales.

Adicionalmente reportaron un total de 59.511 personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado, siendo Cúcuta, la ciudad que más ha recibido a estas personas con 30.468. Le siguen Ocaña con 12.000 desplazados, Tibú con 8.900, y en Convención, El Tarra, San Calixto y Teorama, se estima que han llegado entre 990 y 1.802 personas.