Consejo de Estado dejó en firme decreto del Gobierno para crear reservas naturales temporales en Colombia

En una decisión clave para la gestión ambiental en Colombia, la Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la medida cautelar que pretendía suspender los efectos del Decreto 044 del 2024, el cual establece los criterios para la declaración y delimitación de reservas de recursos naturales en el marco del ordenamiento minero-ambiental.

La sentencia del alto tribunal permite que el Ministerio de Ambiente continúe con la implementación de la norma que, según estipula, tiene como objetivo principal la conservación de los ecosistemas, especialmente en áreas sensibles frente a la actividad minera.

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El decreto 044 establece que las reservas naturales temporales podrán declararse por un período máximo de cinco años, con la posibilidad de extenderse solo una vez. Durante ese tiempo, el gobierno buscará desarrollar estudios técnicos detallados, incluyendo investigaciones sobre el ciclo del agua en las áreas afectadas, con el fin de diseñar estrategias eficaces para la conservación de los recursos naturales.

Esta medida responde a la creciente preocupación por el impacto de la minería sobre los ecosistemas, especialmente en lo que respecta a la contaminación del agua, un recurso vital para la vida y el desarrollo sostenible.

Tras conocer la decisión del Consejo de Estado, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la resolución y destacó su importancia para fortalecer la protección de los recursos hídricos. En sus declaraciones, la ministra afirmó: “Con esta decisión se fortalece el ejercicio del sector ambiental en la protección de los recursos hídricos, vitales para la vida y el desarrollo sostenible. Este decreto, en un esfuerzo conjunto con las autoridades del sector minero energético, busca garantizar una gestión integral y responsable del agua frente a la actividad minera”.

La demanda contra el decreto fue interpuesta por David Augusto González Jácome, que representaba a la Veeduría Dignidad Minera, argumentando que la norma desconocía varios principios fundamentales del derecho administrativo, tales como la legalidad, el debido proceso y la coordinación entre las autoridades ambientales y mineras. Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó estos argumentos, concluyendo que la expedición del decreto tenía como objetivo garantizar el ejercicio de las competencias del Ministerio de Ambiente y que la actuación del sector minero-energético debía ser coordinada con las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

El alto tribunal sostuvo que la medida adoptada no vulneraba la autonomía territorial de los entes locales, una de las principales preocupaciones de los opositores a la norma. En este sentido, el Consejo de Estado resaltó que la participación de los actores locales en el proceso de delimitación de reservas es esencial y que el decreto establece mecanismos adecuados para garantizar dicha participación.

Impacto del decreto en la minería y el territorio

El sector minero en Colombia, que representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, ha generado intensas tensiones con las comunidades locales y las organizaciones ambientales. La expansión de la actividad minera en áreas sensibles ha provocado conflictos sobre el uso de los recursos naturales, especialmente en zonas como el macizo de Santurbán, en Santander, donde se encuentra una de las mayores reservas de agua del país.

Actualmente, el Ministerio de Ambiente está trabajando en la posible declaración de una zona de reserva temporal en esta región, que abarca unas 76.012 hectáreas distribuidas en siete municipios, incluido Bucaramanga.

En este caso, el ministerio ha decidido ampliar el plazo para recibir comentarios de la comunidad sobre el borrador de la resolución, estableciendo una nueva fecha de cierre para el 14 de febrero de 2025. La decisión se produce luego de una serie de encuentros presenciales en los municipios de la zona, en los cuales la participación fue baja, y muchos de los residentes expresaron su descontento con la medida.

La decisión del Consejo de Estado, sin embargo, deja claro que el proceso sigue su curso, con la esperanza de que la colaboración entre las autoridades ambientales, las comunidades y el sector minero-energético logre encontrar una solución que sea beneficiosa para todos los involucrados, asegurando la protección de los recursos naturales, sin ver comprometidos otros derechos.