Campesinos en el Catatumbo intentaron regresar a sus casas y terminaron desplazados de nuevo: denuncian minas antipersona y ocupación guerrillera en sus viviendas

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años. Más de 52.000 personas han sido desplazadas en los últimos diez días, debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, mientras que otras 12.000 permanecen confinadas en sus hogares.

La violencia ha dejado un saldo de al menos 52 cadáveres registrados oficialmente, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría superar los 80.

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La confrontación entre estos grupos armados no solo ha generado un éxodo masivo, sino que también ha paralizado la economía local, afectado la educación y puesto en riesgo la vida de los habitantes.

En medio de esta guerra, el ELN ha implementado una estrategia que incluye el despojo de tierras, la siembra de artefactos explosivos y la infiltración en refugios de desplazados, con el objetivo de consolidar su control territorial y frenar el retorno de las familias que consideran afines a las disidencias de las Farc, según lo ha informado Semana.

El despojo de tierras se ha convertido en una de las tácticas más visibles del ELN en esta segunda fase de su ofensiva en el Catatumbo. Según testimonios recogidos por el medio mencionado, los guerrilleros han ocupado propiedades de campesinos que huyeron de la violencia, justificando estas acciones como medidas de seguridad. Sin embargo, detrás de esta narrativa se esconde una estrategia de saqueo y apropiación.

Juan Guillermo, un campesino que intentó regresar a su finca tras refugiarse en Cúcuta, al cual se le cambió el nombre por seguridad, según explicó el medio mencionado, relató cómo los guerrilleros le prohibieron ingresar a su propiedad, argumentando que ahora estaba bajo su control.

“Se están metiendo a saquearlas porque, según ellos, están haciendo posesión de las fincas que le pertenecían a la Farc”, explicó un líder comunal al medio. Los combatientes no solo se apropian de las tierras, sino también de pertenencias personales como ropa y objetos de valor.

Además, el ELN ha impuesto un sistema de control social a través de las juntas de acción comunal, obligando a los campesinos a aceptar sus políticas para poder permanecer en sus parcelas. Según un líder social citado por el medio, quienes no comparten la ideología del grupo son sometidos a restricciones como la prohibición de usar teléfonos durante un año, tras lo cual se evalúa si son aptos para quedarse, ser desplazados o incluso enfrentar la muerte.

La violencia no se limita a las zonas rurales. Según Semana, las milicias del ELN han extendido su influencia a las áreas urbanas, infiltrándose en los albergues dispuestos por las autoridades para atender a los desplazados. Allí, los guerrilleros investigan a las personas que han huido del Catatumbo, buscando identificar a quienes consideran enemigos o simpatizantes de las disidencias de las Farc.

Una de las víctimas entrevistadas por el medio señaló que estas acciones han generado un clima de miedo entre los desplazados, quienes temen ser perseguidos incluso fuera de sus territorios. “Los que no comparten la ideología saben que son objetivos militares. Al Catatumbo lo están bañando en sangre y siguen apoderándose de todo”, afirmó una persona evacuada en helicóptero por las Fuerzas Militares.

En su intento por consolidar el control territorial, el ELN ha multiplicado el uso de artefactos explosivos improvisados y minas antipersona, lo que representa un grave riesgo para la población civil y las fuerzas de seguridad.

Según el capitán Julián David Benítez, comandante del grupo de manejo de explosivos de la Segunda División del Ejército Nacional, solo en el municipio de Tibú se han encontrado más de 2.600 artefactos explosivos en las carreteras.

Estos dispositivos, diseñados para mutilar o matar, no discriminan entre combatientes y civiles. “Estos artefactos no discriminan a la persona, como puede ser fuerza pública, puede ser la misma guerrilla, niños o animales”, explicó el capitán Benítez.

La denuncia por la violación al derecho internacional humanitario ya ha sido instaurada, pero el peligro persiste en todos los municipios del Catatumbo, incluidos Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Playa de Belén, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.