
La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de implementar un aumento del 5,36% en la unidad de pago por capitación (UPC) para 2025, provocó una serie de reacciones encontradas entre los actores del sector salud en Colombia. Mientras que el presidente defendió este ajuste como una respuesta a la inflación y los costos operativos del sistema, la congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, fue una de las voces más críticas, calificando la medida como insuficiente y acusando a la administración gubernamental de no velar por el bienestar de los colombianos.
El incremento de la UPC, que es el dinero que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para la atención de cada usuario afiliado al sistema, fue recibido con desconfianza por parte de gremios del sector salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y diversas sociedades científicas habían solicitado un ajuste más elevado, de al menos el 16%, dado el contexto de inflación y los crecientes costos de atención.
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Aunque el Ministerio de Salud justificó el aumento como un intento por cubrir las dificultades económicas y operativas del sistema de salud, varios actores del sector no consideran que la cifra sea suficiente para hacer frente a las necesidades del sistema. En particular, la congresista Miranda no dudó en expresar su descontento en redes sociales, calificando la decisión como parte de un “cóctel perfecto de muerte” que afecta a los colombianos.

Miranda, que es una activa representante de la oposición desde la Cámara de Representantes, señaló que además del aumento insuficiente de la UPC, el desabastecimiento de medicamentos es otro factor crítico que afecta gravemente a los pacientes. La congresista manifestó su indignación en su cuenta de X al señalar que el Gobierno ha mostrado indiferencia ante la vida de los ciudadanos y la calidad del sistema de salud.
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“De verdad que no entiendo cómo pueden ser tan indolentes con los pacientes. ¿Es que no les importa la vida de las personas? Al desabastecimiento de medicamentos le sumamos un pírrico incremento de la UPC y una administración deficiente. Cóctel perfecto de muerte”, escribió Miranda, subrayando su preocupación por la falta de acciones contundentes para garantizar una atención adecuada a los usuarios del sistema de salud.

En respuesta al cuestionamiento de la congresista y de todos los sectores en general, el presidente Petro explicó en su cuenta de X que, en términos reales, el aumento para las EPS en 2025 será de solo el 2,44%, teniendo en cuenta la inflación esperada del 3% para ese año. El mandatario insistió en que la cifra de la UPC ya incluye el ajuste correspondiente al aumento del salario mínimo, que fue de 9,54%.
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Según Petro, el incremento de la UPC está diseñado para cubrir ese aumento salarial y garantizar que las EPS puedan hacer frente a los costos laborales adicionales.
Petro también defendió la decisión en relación con la ley de financiamiento, al asegurar que la falta de apoyo de los congresistas a esa ley no afectó el presupuesto de salud, e insistió en que los recursos destinados al sector salud no serán recortados. En su mensaje, el presidente señaló que el sector salud se encontraba en una posición privilegiada, ya que, según él, no sufriría los recortes que otros sectores han tenido que enfrentar.
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Sin embargo, las críticas hacia la gestión del Gobierno en el sector salud no se han limitado solo al aumento de la UPC. En su intervención, el presidente Petro también cuestionó a los congresistas y a ciertos sectores sobre su relación con las EPS y otros escándalos en el sector salud. En uno de sus mensajes, el mandatario planteó preguntas retóricas sobre el papel de las entidades de salud y su influencia en el sistema, cuestionando si se pretende continuar enriqueciendo a los dueños de estas entidades con dineros públicos.
A pesar de los intentos del presidente Petro por justificar el aumento de la UPC, el descontento en el sector salud sigue siendo palpable. La falta de consenso sobre la medida refleja la tensión que existe entre las políticas gubernamentales y las expectativas del sector privado, además de la creciente preocupación por la calidad de los servicios que reciben los colombianos.
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