
Lograron recolectar un total de 3,3 millones de firmas para poder solicitar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la realización de un referendo por la autonomía fiscal para las regiones. La iniciativa, impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tiene como fin apuntarle a la descentralización.
Se pretende, entonces, hacer una modificación a la Constitución Política para que los impuestos de renta y patrimonio sean administrados por los departamentos y en el Distrito Capital y, de esta manera, las regiones tendrán ingresos adicionales a los que reciben por medio del Sistema General de Participaciones (SGP).
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Cabe resaltar que en el Congreso de la República fue aprobado el proyecto de ley que buscar reformar el SGP para que los departamentos, distritos y municipios reciban más dinero por parte del Gobierno central. El 3 de diciembre de 2024, la iniciativa triunfó en su octavo y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, ya pasó por la etapa de conciliación y hace falta la sanción presidencial, por lo que se espera que ahora se aumente el porcentaje de transferencia de recursos a las regiones a un 39,5%.
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No obstante, debido al tiempo que puede tardar la implementación de estos cambios, el gobernador propuso el referendo, que permitirá a la ciudadanía decidir si quiere o no tener autonomía fiscal, mediante la modificación del artículo 298 de la Constitución Política.

Pero, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la iniciativa es problemática, porque, si los departamentos pueden administrar sus impuestos de renta y patrimonio, únicamente Bogotá y Medellín tendrían finanzas públicas, lo que implicaría una desventaja para el resto de los territorios.
“Tendríamos básicamente un ejército y una policía solo en Medellín y Bogotá, el resto de departamentos no tendrían como financiar su propia fuerza pública. Al aumentar la desigualdad regional aumentaría la violencia, bogotanos y la gente del Poblado se darían cuenta de que el centralismo extremo que proponen en un mar de violencia, no serviría para nada”
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El primer mandatario explicó que de esas dos ciudades sale la mayor parte del impuesto de renta, de ahí los beneficios que tendrían por encima de otros municipios y ciudades. Además, indicó que, si se aprueba el referendo, la reforma al SGP recién aprobado en el Congreso de la República quedaría derogada.

Sin embargo, desde la perspectiva del gobernador de Antioquia, el jefe de Estado está equivocado: “Presidente Petro estos argumentos que usa para atacar la autonomía fiscal de las regiones parecen una inocentada propia de un día como hoy”, afirmó.
Según argumentó, tener autonomía fiscal no será un problema para la reforma al SGP, sino que, por el contrario, permitirá a los departamentos y municipios doblar el dinero que reciben por medio del sistema. Esto sería necesario, teniendo en cuenta que las regiones han estado supeditadas al centralismo que, según precisó, ha empeorado en el Gobierno de Gustavo Petro.
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Asimismo, aseguró que su propuesta se ajusta a las necesidades actuales, puesto que la reforma al SGP estipula un tiempo de transición de 12 años, lo que implica un aumento progresivo de los recursos girados a las regiones. A esto se suma que la aprobación de la ley de competencias, que tendrá incidencia en la reforma, podría tardar.
Así las cosas, según Rendón, es necesario apostarle a la autonomía fiscal: “Profundiza la descentralización – promesa incumplida de la CP del 91- siguiendo principios de solidaridad territorial, concurrencia, subsidiariedad, eficiencia, prevalencia ambiental, entre otros. La propiedad de estos será de los 33 entes territoriales de manera conjunta, colectiva”, precisó.
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De igual manera, afirmó que, aunque las regiones tendrán en sus manos la administración de los tributos, no se quedarán con todos los ingresos. Como ejemplo puso los casos de Antioquia y Bogotá, donde las personas naturales y jurídicas entregan $23 billones y $37 billones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por los impuestos de renta y patrimonio. “Con el referendo en marcha, recibirían no menos de $12 billones y $9 billones, respectivamente”, aclaró.
“Es muy probable que el Gobierno termine quedándose solo con los bienes públicos de vocación nacional: seguridad y defensa nacional; relaciones internacionales; justicia; y el manejo de la macroeconomía. En los demás frentes, Departamentos y Municipios harán un mejor trabajo”, añadió.
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