
El pasado primero de noviembre de 2024, el Ministerio de Defensa expidió la resolución 4760 que contempla cambios en la estructura de las fuerzas militares, suprimiendo las Fuerzas de Tarea Conjunta, además de los Comandos Conjuntos y Específicos de la institución castrense.
De acuerdo con el documento expedido por la cartera de Defensa, a partir de la fecha de expedición, las operaciones en los territorios estarán a cargo de cada comandante de fuerza, es decir, del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que volverán a operar de manera independiente.
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Los cambios al interior de las fuerzas militares generaron todo tipo de reacciones en los sectores políticos del país. Una de ellas fue la exvicepresidente Marta Lucia Ramírez, que señaló que esta reestructuración beneficiará a los grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional, así como las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
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“Preocupa el objetivo detrás de la decisión del Gobierno de desmantelar los comandos conjuntos de las Fuerzas Militares, a pesar de que hay un comunicado de prensa minimizando el hecho, para afirmar que “seguirán siendo parte vital de la institución” y que “la reforma adelantada busca el fortalecimiento de las capacidades de cada fuerza individual”, expresó la exministra de Relaciones Exteriores en su reciente columna de opinión publicada en El Tiempo.

Además, la exsenadora también mostró su preocupación ante la oleada de violencia que se presenta en varias regiones del país, y cuestionó la propuesta del presidente Gustavo Petro frente a la posible compra de hoja de coca a campesinos.
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“El país hoy enfrenta, como en sus peores épocas, multiplicidad de amenazas a la seguridad de los ciudadanos y la seguridad nacional, en parte por la expansión cerca de nuestras fronteras del área sembrada de coca, cuyas proyecciones, luego del informe de la ONU, llegarían a 350.000 hectáreas este diciembre”, comentó.
Adicionalmente, Marta Lucía Ramírez hizo un llamado al Gobierno nacional para que utilice varios mecanismos que permitan solucionar la violencia en el país, recordando que, a principios de siglo, se presentó la cooperación del Plan Colombia, así como la participación de Colombia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) desde 2017.
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“La decisión del ministro de Defensa y del Presidente preocupa a los militares y a quienes conocen las amenazas que se ciernen sobre Colombia, pues a partir de la fecha se produce un vacío profundo en la seguridad nacional”, afirmó la excanciller.

Un retroceso de 30 años
A su vez, resaltó que los Comandos Conjuntos, que iniciaron en 2003 durante el Gobierno de Álvaro Uribe y su plan de ‘Seguridad Democrática’, “han sido fundamentales para un sistema integrado de operaciones militares que durante estos años se desarrolló mientras se debilitaban las estructuras criminales”, por lo que mencionó que su desmantelamiento “significaría la imposibilidad del Ejército para actuar eficazmente en los ríos de Colombia, por no contar ya con las capacidades de la Infantería de Marina, o dejar de hacer operaciones de ataque aéreo por no tener apoyo de la Fuerza Aérea, salvo que en su presupuesto se incrementen las partidas para comprar lanchas y aviones nuevos al Ejército”.
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De igual forma, la exvicepresidenta advirtió que la fragmentación de las fuerzas militares disminuirá la efectividad de la institución militar. “Volvemos treinta años atrás en la planeación y conducción de operaciones de nuestras Fuerzas Militares, que se modernizaron y fueron exitosas pese a la complejidad de la criminalidad que enfrentamos”, agregó.

También, aseguró que este no ha sido el único cambio realizado a las fuerzas militares durante el Gobierno de Gustavo Petro, sino que se suma a la reducción de militares y del presupuesto para este sector, por lo que pidió que se reconsidere esta decisión.
“Hoy tenemos de nuevo territorios clave en control de los criminales y, gracias a la ‘paz total’, el país observa impotente el aumento del poder del ELN y “disidencias” de las Farc, expandiendo su control a cientos de municipios en 2024 y elevando la violencia contra la ciudadanía”, manifestó Ramírez.
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Finalmente, la excanciller sostuvo que, más allá de una reestructuración militar, lo que existe es una “desarticulación de la estrategia de seguridad e inteligencia, que tendrá nefastas consecuencias en la planeación, suministros y gestión de capacidades operacionales de las Fuerzas Militares, justo cuando necesitamos un esfuerzo integrado y eficaz para proteger a los colombianos y la integridad del territorio”.
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