
El domingo 27 de octubre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció un nuevo incidente de seguridad que podría afectar el panorama de seguridad en la región y las negociaciones de paz en curso. Un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional, que transportaba a 24 uniformados, fue atacado en una zona rural del municipio de Anorí, en el noreste de Antioquia. Aunque el ataque generó momentos de alta tensión, el líder departamental celebró que los ocupantes de la aeronave resultaron ilesos.
“Celebro que 24 uniformados de la @PoliciaColombia estén a salvo, luego que la aeronave donde se transportaban, un helicóptero Black Hawk, fuera impactado en zona rural de Anorí, Antioquia,” expresó Rendón en la red social X. Añadió que este ataque ocurrió en el contexto de un operativo que buscaba desmantelar estructuras criminales de la zona, como el frente 36 de disidencias de las Farc, que actualmente se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno.
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El helicóptero Black Hawk UH-60, que fue atacado, participaba en una misión de las Compañías Antinarcóticos Jungla, unidades de la Policía Nacional entrenadas para ejecutar operaciones especializadas contra el narcotráfico y el crimen organizado en áreas urbanas y rurales, con capacidad de movilizarse en todo el territorio nacional. La aeronave se desplazaba cerca de la vereda Quebradona, en ese municipio, cuando recibió disparos, y a pesar de los impactos, consiguió aterrizar.
Los agentes a bordo se dirigían a ejecutar labores de interdicción y captura de miembros de estructuras criminales implicadas en actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, dos actividades que sustentan económicamente a grupos disidentes y a otras organizaciones delictivas.
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Aunque las autoridades oficiales no habían emitido confirmación alguna, fue el gobernador de Antioquia que informó sobre el incidente y transmitió un mensaje de tranquilidad respecto al estado de los uniformados. Sin embargo, numerosos usuarios en redes sociales señalaron que la alerta se relaciona con la presencia de disidencias en la zona, especialmente considerando los diálogos en curso con el Gobierno de Gustavo Petro.
Gobierno y disidencias de las Farc buscaron ampliar cese al fuego
Este sexto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc comenzó con la meta de extender el cese al fuego bilateral, cuyo plazo actual concluyó el 15 de octubre. Ambas delegaciones debatieron hasta el 19 de octubre, no solo sobre la duración de esta tregua, sino sobre la protección ambiental, un tema prioritario en la agenda, según indicaron voceros de ambos lados.
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Durante la apertura del encuentro, el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, expresó la intención de definir un plan de trabajo claro para los próximos meses, resaltando la importancia de alcanzar “decisiones puntuales”. Andrey Avendaño, representante de las disidencias, destacó los obstáculos que han afrontado desde que iniciaron estos diálogos en octubre de 2022, mencionando que su compromiso con la paz persiste pese a las dificultades.
El proceso enfrentó varios desafíos, especialmente después de la ruptura interna en el EMC en abril, que dejó fuera de las negociaciones a la facción liderada por “Iván Mordisco”. En el evento inaugural, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló la urgencia de avanzar en resultados concretos, al considerar que el Gobierno ya se encuentra en la segunda mitad de su mandato.
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Por otro lado, Otty Patiño, comisionado de paz, destacó la necesidad de “persistencia y confianza” en el camino hacia una paz duradera, a pesar de los recientes ataques en el departamento del Cauca, donde las disidencias han incrementado sus acciones armadas. Entre tanto, se debate si el cese de hostilidades será extendido por tres o seis meses, en medio de los retos de la política de “Paz Total” de la administración Petro, que enfrenta la complejidad de negociar con diversos actores armados en simultáneo.
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