Abogado de funcionario de la Ungrd acusado de tratar de sobornar a Sneyder Pinilla, aseguró que actuaciones del infiltrado de la Fiscalía fueron “ilegítimas”

El abogado de Édgar Riveros, acusado de presunto soborno al exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, solicita al juez que no considere como prueba las conversaciones realizadas con Luis Gustavo Moreno, quien habría actuado como agente encubierto.

Según la defensa, Moreno habría inducido indebidamente a Riveros y a otro individuo, Barreto, para que realizaran declaraciones comprometedoras.

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Pedro Suárez, el defensor de Riveros, argumenta que las acciones de Moreno, quien actuaba como un abogado “provocador”, fueron ilegítimas. Durante una audiencia, Suárez aclaró que si bien las reuniones con Moreno existieron, no hay pruebas concretas de que Riveros haya intentado sobornar a Pinilla.

Según la Fiscalía, en un encuentro pactado en un hotel situado al noroccidente de Bogotá, Riveros habría ofrecido una cuantiosa suma de dinero tanto a Olmedo López como a Pinilla. Riveros, sin embargo, no aceptó el cargo de soborno que le formuló la Fiscalía.

En un café cercano al Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, se registró otro encuentro entre Riveros y Barreto, donde intercambiaron mensajes a través de un bloc de hojas amarillas y la aplicación de WhatsApp. Durante este encuentro, Riveros informó a su cliente sobre los avances de la propuesta ilícita.

El abogado de Riveros insiste en eliminar del proceso las pruebas que considera obtenidas de manera inapropiada por Moreno, subrayando la falta de evidencia firme que sustente las acusaciones de soborno.

Además, también insistió que Riveros Rey, en caso de ser condenado, debe ser retenido en medida domiciliaria, por las numerosas enfermedades que padece el señalado, como lo es la diabetes.

Gustavo Moreno, el agente encubierto, afirmó el 8 de septiembre que sí fungió como intermediario para recabar información sobre los presuntos intentos de soborno: Fui ubicado para ser puente para algunas personas que defiendo, y puse en conocimiento esos abordamientos porque constituye una conducta punible, y la norma exige que si tenemos un conocimiento de un delito, lo denunciemos”.

El presunto soborno de Riveros Rey a funcionarios de la Ungrd

La Fiscalía General de la Nación presentó videos y fotografías obtenidos en diversas reuniones entre los implicados, para fundamentar las acusaciones contra el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey.

Según el diario El Tiempo, en dichas reuniones, Riveros Rey habría ofrecido hasta $3.000 millones para que su cliente, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se retractara de sus declaraciones y no implicara a Luis Carlos Barreto Gantiva en un supuesto esquema de corrupción.

El 6 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al abogado Riveros Rey por el delito de soborno en actuación penal, señalándolo como pieza clave en el intento de encubrimiento de una red de corrupción dentro de la UNGRD. Según la Fiscalía, Riveros Rey habría ofrecido sobornos para que Pinilla omitiera información comprometedora relacionada con contratos en los que estarían involucrados altos funcionarios de la entidad.

Uno de los cargos clave en el caso apunta a que Riveros Rey ofreció un porcentaje de los contratos sospechosos, uno valorado en $42.000 millones y otro en $242.000 millones. Durante la audiencia de imputación, el abogado no aceptó los cargos, y la Fiscalía solicitó su detención en un centro carcelario para asegurar que permanezca bajo custodia mientras avanza la investigación.

En el desenvolvimiento del caso, Luis Gustavo Moreno, abogado representante de Pinilla y quien colaboró con las autoridades como agente encubierto, desempeñó un rol crucial al documentar las ofertas de sobornos que Riveros Rey habría realizado a cambio de la retractación de Pinilla.

El fiscal a cargo del proceso expresó la gravedad de los hechos al señalar que se estaban sobornando a personas que tenían la doble calidad de coimputados y testigos en una investigación penal de alto perfil. Según el fiscal, se busca prevenir que personas influyan en testimonios y evidencias relevantes para esclarecer el caso.