
Según un informe de Corficolombiana, la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación sin servicio de deuda durante los primeros seis meses de 2024 denota un notorio rezago en comparación con el promedio histórico de los últimos 23 años.
Las cifras de ejecución alcanzaron el 36,6%, situándose un 2,4% por debajo del promedio histórico que es del 39% desde el año 2000. Los recursos sin compromiso del presupuesto, susceptibles a ajuste, sumaron $211,6 billones, “de los cuales 78% correspondían a funcionamiento y 22% a inversión”, señaló el informe. Cabe destacar que la inversión mostró el mayor atraso de los últimos 11 años, desde 2013.
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Varias carteras gubernamentales lograron mantener o incluso superar el promedio histórico de ejecución. Minas y Energía encabeza esta lista, seguida de Educación, Salud y Responsabilidad Social, así como Defensa y Policía. También se destacan Planeación, Empleo Público, Tecnología e Innovación y Transporte.
A pesar de tener algunas cifras positivas, la baja ejecución persiste en muchas carteras, y casi la mitad se encuentran por debajo del promedio histórico. Entre los sectores con menor ejecución durante el primer semestre se encuentran “Inclusión Social, Registraduría, Tecnologías de la Información, Inteligencia y Agricultura”. También se observa baja ejecución en programas específicos como Fonvivienda, destinado a subsidios de vivienda.
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José Manuel Restrepo, exministro y director de la Universidad EIA, explicó a El Colombiano que la baja ejecución se debe a la implementación de un presupuesto insostenible fiscalmente. Según Restrepo, el presupuesto aprobado fue demasiado alto en comparación con los ingresos esperados. Además, mencionó que “la baja ejecución es resultado de un mecanismo de congelamiento informal en gastos de inversión pública para lograr resultados fiscales”. Otro factor es la falta de experiencia técnica de los nuevos funcionarios y la ausencia de seguimiento y rendición de cuentas.

Kevin Hartmann, socio en Hartmann Asociados, afirmó que la no ejecución del presupuesto afecta el desarrollo económico y socava la legitimidad del gobierno para recaudar más ingresos. Corficolombiana también reseñó que en junio Invias ejecutó $1 billón, lo cual es “clave para la reactivación económica”. Sin embargo, concluyó que “la baja ejecución indica una implementación deficiente en programas y sectores, lo que se agrava por problemas de liquidez y las restricciones fiscales que afronta el Gobierno Nacional”.
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Para 2024, se aprobó un presupuesto de 99,8 billones para gastos de inversión, pero al cierre del primer semestre permanecen sin comprometerse 46 billones, “que harían parte del congelamiento anunciado por el Ministerio de Hacienda para mejorar las finanzas públicas”.
Finalmente, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que la caída en los gastos de inversión genera una reducción en la actividad económica y el empleo, menos proyectos, decrecimiento de la inversión privada y un menor crecimiento económico en general.
Las afectaciones
La menor ejecución del Presupuesto General de la Nación sin servicio de deuda durante el primer semestre de 2024 trae diversas implicaciones significativas en varios ámbitos. Uno de los efectos más notorios es la desaceleración en el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos de vital importancia, lo cual afecta directamente a la calidad de vida de la población y el crecimiento económico del país.
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La baja ejecución en sectores claves como Inclusión Social, Agricultura y Tecnologías de la Información significa que programas destinados a mejorar la vida de los ciudadanos más vulnerables y a impulsar la innovación y el desarrollo rural no están cumpliendo con sus metas. Esto puede resultar en un aumento de las desigualdades sociales y en un estancamiento del progreso tecnológico y agrícola, sectores que son cruciales para la competitividad del país.

Además, la reducción en gastos de inversión pública suele traducirse en un menor dinamismo económico. Menos inversión pública significa que hay menos circulante en la economía, lo que puede llevar a una reducción del empleo y de la actividad económica en general. Las empresas privadas, al ver menos proyectos financiados por el Estado, podrían también disminuir sus propias inversiones, creando así un círculo vicioso de decrecimiento y desempleo.
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La falta de ejecución también afecta la confianza en el gobierno. Un gobierno que no puede ejecutar efectivamente su presupuesto puede perder legitimidad tanto a nivel nacional como internacional. Esta pérdida de confianza puede tener consecuencias en la capacidad del Estado para recaudar impuestos y obtener financiamiento externo, lo cual es especialmente crítico en momentos de restricciones fiscales y problemas de liquidez.
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