
La Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez de control de garantías que envíe a prisión a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, involucrados en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión se debe al alto riesgo que enfrentan los implicados, según informó La W Radio en la mañana del viernes 19 de julio.
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En la audiencia que está programada para el jueves 25 de julio a partir de las 9:00 de la mañana, los tres hombres serán imputados por cinco delitos, según informó la Fiscalía. Las medidas de aseguramiento que se pueden solicitar son diversas, pero en este caso, se ha optado por la privación de libertad.
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Para garantizar su seguridad, los acusados no serían trasladados a cárceles convencionales como La Modelo o La Picota, en Bogotá. En su lugar, serían recluidos en guarniciones militares. Esta decisión se basaría en el alto riesgo que enfrentan los hombres que serán imputados.

Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López fueron identificados como los principales responsables del mayor escándalo de corrupción registrado en los últimos años en Colombia. La preocupación por la seguridad de los acusados es uno de los factores determinantes en la decisión que tomaría la Fiscalía.
Durante la audiencia, se discutirá la evidencia que incrimina a estos individuos y se determinará la extensión de las medidas de aseguramiento.
Audiencias por corrupción en Ungrd: 25 de julio decidirán futuro de Olmedo López y Sneyder Pinilla

La Fiscalía General de la Nación anunció el inicio de las primeras audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los implicados en la presunta corrupción relacionada con la compra de carrotanques para La Guajira por parte de la Ungrd.
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El jueves 25 de julio se definirán estas medidas contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, el exsubdirector, Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
Los acusados son investigados por irregularidades en un contrato de más de $46.000 millones para la adquisición de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. Según la Fiscalía, se denunció que en este proceso hubo sobrecostos y aparentes actos de corrupción. Se reveló que parte de los fondos destinados al contrato habrían sido desviados para facilitar reformas en el Congreso a favor del Gobierno de Gustavo Petro.
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El caso cobró notoriedad tras la filtración de las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, en las que implicó a varios personajes en la presunta corrupción que afectó a la Ungrd. En sus declaraciones, López explicó cómo se presionó para que entregara contratos a la guerrilla del ELN con el propósito de “salvar el proceso de paz”.

Noticias Caracol difundió la información sobre una audiencia en la que López mencionó cómo elaboraron un plan para comprar congresistas con fondos de la Ungrd. López agregó que este plan se diseñó para asegurar la mayoría legislativa necesaria para la agenda del Gobierno.
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El ente investigador destacó que las audiencias del 25 de julio permiten esclarecer la posible participación de López, Pinilla y López Rosero en los actos ilícitos. Según el organismo, se revelarán los resultados parciales y las hipótesis definidas durante una investigación minuciosa.
El fiscal encargado enfatizó que, “en la fecha y hora fijadas por la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación presentará los resultados parciales, señalando los alcances del entramado de corrupción que desangró la contratación de suministro de agua en La Guajira y las obras de mitigación en departamentos como Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca”. Estas audiencias ofrecerán claridad sobre lo sucedido y sus implicaciones.
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En relación a las filtraciones, la Fiscalía manifestó, “cualquier manifestación pública conocida por canales distintos a las audiencias previstas para la próxima semana, no contiene el verdadero sentir del trabajo minucioso, detallado y responsable desarrollado por la Fiscalía y los grupos de policía judicial”. Con esta declaración, buscan resaltar la importancia de la información oficial que se presentará durante las audiencias.
La investigación no solo abarca la compra de carrotanques, sino que también incluye posibles desviaciones de fondos asignados a obras de mitigación en los departamentos de Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca. Estos hechos han generado gran preocupación y expectativa entre la opinión pública y medios de comunicación nacionales.
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El seguimiento del caso es crucial para entender la extensión y el impacto de los hechos de corrupción denunciados. Las audiencias del 25 de julio marcarán un punto clave en esta investigación, determinando la situación judicial de los implicados y permitiendo avances significativos en el esclarecimiento de los hechos.
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