Contraloría publicó hallazgos fiscales de auditoria al Ministerio del Interior superiores a $9.000 millones

En la mañana del martes julio 16 de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) reveló los resultados de una auditoría financiera al Ministerio del Interior correspondiente a la vigencia 2023.

De acuerdo con el órgano de control fiscal, se lograron identificar 28 hallazgos administrativos, de los cuales, 8 tienen incidencia fiscal por un monto total de $9.115 millones, 14 son de carácter disciplinario, 1 tiene connotación penal y 3 dieron lugar a indagaciones preliminares, por lo que la auditoría puso en evidencia irregularidades y supuestos incumplimientos en diversos convenios y contratos.

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Construcción comando de la Policía en Nariño

El hallazgo fiscal más significativo asciende a $7.940 millones, y está relacionado con el “CONVENIO M-1039/2018, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO ESPECIAL DEL PACÍFICO SUR DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MACO – NARIÑO”.

Según la CGR, como resultado del incumplimiento en la ejecución del convenio la obra quedó inconclusa y en mal estado, dado que luego de revisar los avances se estableció que las estructuras de acero expuestas a la intemperie se encuentran en proceso de corrosión, lo que ha comprometido la estabilidad futura de la construcción y, según la Contraloría, pone en riesgo las inversiones iniciales realizadas.

“La entrega del Comando no ocurrió dentro de los plazos pactados y, por consiguiente, hoy es una obra en mal estado e inconclusa, que se encuentra abandonada y a la intemperie, deteriorándose la estructura”, explicó la Contraloría en un documento.

Comando de Policía del Departamento del Atlántico

Un segundo hallazgo fiscal de importancia, por más de $453 millones, se encontró en el contrato del Comando de Policía del Departamento del Atlántico en Sabanalarga, el cual, está relacionado a pagos irregulares durante la ejecución del contrato de obra 0135-2019-000149 derivado del Convenio Interadministrativo No. M-2154 de 201758.

Al respecto, la CGR reportó varios problemas, entre los que se encuentran “pagos realizados sin haberse cumplido a cabalidad su objeto y descripción contractual; pagos dobles de actividades y clasificación incorrecta de ítems que inflaron injustificadamente su valor”.

Pagos inoportunos por servicios complementarios

Otras irregularidades se encontraron en los pagos inoportunos realizados por la Policía Nacional para las pruebas y puesta en funcionamiento de software desarrollado por BYTTE SAS, vinculados al Contrato No. 03-2-10080-22, con un valor cercano a los $297 millones. De acuerdo con la Contraloría, este hallazgo fiscal tiene incidencia disciplinaria.

En ese sentido, el órgano de control fiscal encontró que, adicionalmente, se adquirió una garantía extendida para dichos desarrollos pese a que ya estaban cubiertos por la garantía única del contrato.

Sobrecostos en plan de datos

Asimismo, la auditoría identificó un posible sobrecosto del 291.41% en el costo de los planes de datos adquiridos de BYTTE SAS, generando una diferencia cuantificada en $279.795.600 millones que no fue justificada por la empresa, por lo que la CGR aseguró que este sobrecosto representa un grave perjuicio económico para el Estado.

Pago de actividades que no se ejecutaron

En el proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCIÓN 1 en el Municipio de Cota, Cundinamarca, derivado del Convenio Interadministrativo No. 1126-2021, se detectaron pagos de actividades no ejecutadas, parcialmente ejecutadas o pagadas sin cumplir con la descripción contractual, lo que resultó en un detrimento patrimonial de $69.886.467 millones.

Las investigaciones preliminares en los tres casos mencionan que se efectuarán investigaciones exhaustivas para determinar responsabilidades y posibles sanciones, por lo que los funcionarios mencionados en la auditoría tendrán la oportunidad de presentar sus descargos durante el proceso.

Con base en los hallazgos revelados, la Contraloría instó a las autoridades pertinentes a tomar medidas correctivas inmediatas para prevenir futuros incumplimientos y asegurar el buen uso de los recursos públicos.