Columnista del Wall Street Journal defendió al coronel Plazas Vega por demanda en caso del Palacio de Justicia: “Fue un héroe”

Las reacciones por la demanda en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en una corte del estado de Florida, Estados Unidos, por la muerte del juez Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, no se han hecho esperar, pues en la columna The Americas del medio Wall Street Journal, la columnista María Anastasia O’Grady se refirió a que una guerra legal extranjera llegó a las cortes del país norteamericano.

La demanda, que fue presentada en febrero de 2022 por el Centro de Justicia y Culpabilidad (CJA por sus siglas en inglés) y la firma de abogados Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, sostiene que Plazas Vega está implicado en la ejecución extrajudicial y tortura de Carlos Horacio Urán, juez que fungía como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el momento de su muerte.

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Al respecto, en la columna de opinión, O’Grady comenzó por explicar que la guerra jurídica que llegó a Estados Unidos se ha caracterizado por ser una herramienta “eficaz para reescribir la historia”, dado que ha llevado a “oponentes a la cárcel y convirtiendo a adversarios en villanos”.

Para la columnista, la demanda es una estrategia esgrimida en contra de un “enemigo ideológico” por los sucesos registrados en el Palacio de Justicia en 1985, aunque aclaró que, “existe la posibilidad de que el caso sea desestimado”, pero en el caso en el que la corte del país norteamericano decida continuar con el juicio en contra del coronel Plazas Vega, “los activistas adinerados tendrán luz verde para intentar resolver venganzas políticas con actores extranjeros que viven en Estados Unidos demandándolos en tribunales estadounidenses”.

De acuerdo con la publicación titulada Foreign Lawfare Comes to U.S. Courts (La guerra jurídica extranjera llega a los tribunales estadounidenses), explicó que las acciones de la organización terrorista M-19 el 6 de noviembre de 1985 dejaron como resultado 11 magistrados de la Corte Suprema ejecutados, 37 civiles y 11 miembros de la fuerza pública asesinados, pero gracias a la labor del Ejército se logró el rescate de 263 rehenes y, según el artículo, “el coronel Luis Alfonso Plazas, que lideró la unidad de combate, fue un héroe”.

El problema fue que testigos oculares aseguraron que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán fue asesinado por los guerrilleros en el momento en el que intentaba huir, pero sus tres hijas aseguran que el abogado “fue rescatado solo para ser torturado y asesinado y que el señor Plazas es el responsable”.

María Anastasia O’Grady también señaló que el coronel Plazas ahora vive en Florida, razón por la que Helena Urán, que, según el artículo, fungió como asesora del Gobierno de Gustavo Petro, pretende juzgarlo en el país norteamericano.

“No es ningún secreto que Petro y sus amigos de la izquierda procubana creen que arrojando suciedad sobre los militares pueden hacer que su pasado parezca menos malo”, escribió O’Grady.

En este sentido, la columnista aseguró que el problema con el coronel Plazas es que en medio de su trabajo como zar antidrogas entre 2002 y 2004 “se ganó más enemigos al confiscar agresivamente las propiedades de los capos del narcotráfico”, aunque sus líos con la justicia colombiana han estado ligados a la desaparición de 11 víctimas del palacio, por lo que la “Corte Suprema de Colombia lo exoneró en 2015, después de ocho años de detención”, luego de que determinara que no existían pruebas en su contra al probar que “su trabajo había sido luchar contra el M-19 dentro del edificio”.

En 2019, la justicia colombiana condenó al M-19 por el asesinato de Carlos Horacio Urán, pero la investigación penal por el asesinato del abogado no se ha cerrado, incluso, explicó O’Grady, el coronel Plazas no figuraba en la investigación por “falta de pruebas”, aun así, “de manera absurda, los demandantes ahora afirman que tienen derecho a demandarlo en un tribunal civil estadounidense en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1992″.

Como parte de su defensa, el coronel Plazas presentó en noviembre de 2023 una moción para desestimar el caso dado que los demandantes no “han cumplido con el requisito de agotar los recursos judiciales en Colombia antes de agotar los recursos judiciales en Colombia”, pero el juez Rodolfo Ruiz del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida rechazó dicho argumento dado que “los demandantes se vieron obligados, por la ley colombiana, a renunciar a sus derechos a presentar demandas civiles cuando se unieron a la investigación criminal de 2008″.

Para el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la parte demandante ha argumentado un nuevo juicio en su contra al pretender mostrar que el proceso penal en Colombia ha estado estancado por cerca de una década, un hecho que demostrará “su fracaso en presentar una demanda civil independiente en Colombia”, una estrategia que va en contra de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura.

Por último, María Anastasia O’Grady explicó que, en el caso de la demanda contra el coronel Plazas, un juez estadounidense tendrá que “evaluar la suficiencia del sistema jurídico de otro país, un país con un imperio de la ley en el que los demandantes ya han demostrado una asombrosa falta de buena fe”.