Denuncian que en Cauca los niños son reclutados forzosamente por grupos ilegales

En el departamento de Cauca, grupos armados ilegales están recurriendo cada vez más al reclutamiento forzado de menores, quienes son utilizados para cometer delitos graves como la recopilación de información

Daniel Molano, defensor del Pueblo en la región, expresó su alarma ante esta situación, destacando que las niñas reclutadas son frecuentemente víctimas de violencia sexual, mientras que los niños son convertidos en informantes.

“Los reclutan y los dejan ahí en el mismo sitio para que capten más niños y le informen al actor armado quién o quiénes de la comunidad están luchando por los derechos humanos y las acciones de la fuerza pública”, explicó Molano.

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Los municipios de Suárez y Buenos Aires son especialmente afectados por esta problemática. Molano resaltó que estos actos llevan a una serie de asesinatos sin razón aparente durante la noche. “Eso es absolutamente triste”, señaló.

Las cifras son alarmantes: desde 2021 hasta 2024, se registran 649 casos de menores reclutados por estos grupos, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. Molano mencionó un reciente incidente en el que tres menores desaparecieron en Buenos Aires. A pesar de que la fuerza pública y la alcaldía intentaron rescatarlos, los menores no fueron encontrados, y se teme que hayan sido recapturados por los grupos armados. “Quién sabe si están vivos”, lamentó Molano.

El defensor del Pueblo también destacó que solo en 2024, la Defensoría tiene registros de 137 incidentes de reclutamiento, aunque los datos subrregionales sugieren que el número real podría ser mayor. Este panorama desolador muestra la gravedad de la crisis en el Cauca, donde la vida y el bienestar de los menores están en constante peligro debido a la violencia y la explotación por parte de grupos armados ilegales.

Según el informe “No es un mal menor” de la Comisión de la Verdad, aproximadamente 17.900 niños, niñas y jóvenes menores de 18 años fueron reclutados por grupos armados ilegales entre 1958 y 2020. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 07 que investiga el reclutamiento y uso de menores en el conflicto armado, identificó un universo provisional de hechos en el subcaso FARC con 18.677 víctimas únicas desde 1971 hasta 2016.

La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, hizo un llamado enfático a coordinar acciones que aseguren que los estudiantes y la comunidad educativa permanezcan fuera del alcance del conflicto armado, destacando la necesidad de que los entornos educativos sean considerados zonas seguras y protegidas.

Vergara también recordó la existencia de normas y tratados nacionales e internacionales que refuerzan la importancia de proteger a los menores de 18 años. Entre estos se encuentran la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales.

Además, recordó que el artículo 162 del Código Penal tipifica el reclutamiento de menores de 18 años como delito, y que la Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia establece una protección especial para los menores en situaciones de conflicto armado.

Por su parte, la Procuraduría instó al Gobierno nacional a implementar con urgencia la política pública de prevención del reclutamiento. Asimismo, destacó la necesidad imperiosa de contar con bases de datos completas que identifiquen a todos los menores de edad que han sido reclutados, desvinculados y que han ingresado a los distintos programas del ICBF.

Esta información facilitaría el desarrollo e implementación de acciones eficientes y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, contribuyendo a reducir los factores de riesgo, transformar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.