Durante la sesión técnica titulada Diálogo sobre la imparcialidad y la transparencia en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 (Auto 310 de 2024), el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, expresó su preocupación por la situación de la niñez wayuú en Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure.
El togado resaltó la importancia de garantizarles el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y la salud, con el objetivo de prevenir nuevas muertes infantiles por desnutrición. A su vez, destacó la relevancia de preservar los recursos públicos destinados a La Guajira, al enfatizar que “el drama de La Guajira no admite más aplazamientos”.
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La convocatoria de esta sesión técnica por parte de la Corte tuvo como propósito principal conocer las soluciones propuestas por las entidades responsables de cumplir con los objetivos establecidos en la sentencia, así como por aquellas encargadas de supervisar adecuadamente la gestión administrativa y financiera.
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Además, de las que tienen la responsabilidad de llevar a cabo el control e investigación para superar los obstáculos identificados.
“Cada muerte de un niño en La Guajira es un homicidio por omisión, alguien tiene que ver con esa muerte, y en derecho penal es llamado omisión impropia, alguien tendría que responder, tendría que haber una investigación penal por cada niño muerto, para que seguramente se archive, pero eso es muy grave”, puntualizó Reyes, que no dio lugar a la condescendencia.
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Corte pidió coordinación para desvelar el escándalo de los carrotanques
El magistrado planteó la posibilidad de establecer una coordinación entre los tres entes de control fiscal, disciplinario y penal, con el fin de trabajar en conjunto hacia objetivos específicos, como por ejemplo, abordar la problemática de los carrotanques en La Guajira.
“Hay preocupaciones sociales sobre eso, yo no sé si eso estuvo bien o estuvo mal, por delante pongo que no tengo ni idea, veo las noticias”, señaló.
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“Quiero advertir que esto no es un asunto adversarial, la Corte no es aquí un juez que vaya a reaccionar contra ustedes (funcionarios y lideres citados) y a increparles sobre los datos, y cifras que hoy nos ofrecen, lo que quiere es escucharlos”, dijo el magistrado.
La sesión se estructuró en torno a cuatro ejes temáticos fundamentales. En primer lugar, se abordaron las estrategias diseñadas por las entidades responsables para corregir prácticas inconstitucionales, como la contratación de proveedores sin cumplir los requisitos necesarios, y se discutieron medidas para abordar la falta de información sobre la distribución y ejecución de los recursos, así como para superar las dificultades en la presentación de proyectos.
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Por otro lado, se trató el tema de la ausencia de estrategias ágiles y efectivas para supervisar, vigilar e investigar las funciones desempeñadas por las entidades encargadas de cumplir con la sentencia, así como su gestión en términos contractuales y financieros.
Se buscaron soluciones para garantizar que el control, vigilancia e investigación de posibles irregularidades lleguen a todos los rincones del territorio de manera efectiva.
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En la sesión de seguimiento sobre la orden para abordar el estado de cosas inconstitucional (ECI), fueron convocados funcionarios y líderes regionales.
Entre los asistentes estuvieron la Consejera para las Regiones, Sandra Ortiz; el director de Planeación, Alexander López; el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar; así como los alcaldes municipales de Uribia, Manaure, Riohacha, entre otras áreas clave.
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El magistrado Reyes se dirigió a los citados indicando que la Corte no tiene tanto poder, “pero ustedes si los tienen, quisiéramos asistir a sus rendiciones de cuentas en donde ustedes le muestren al pueblo wayú y nosotros ahí mirando por la rendija de quienes son los que se están llevando los recursos que ingentemente se van desde Bogotá a La Guajira, pero a veces se pierden en algún camino raro y no logran los fines que quisiéramos que lograran”.
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