Cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias de las Farc: estos son los designados por Gustavo Petro para verificar que se cumpla

En el listado aparecen siete integrantes de la fuerza pública y un civil, nombrados para que ayuden en el monitoreo del cese al fuego

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El objetivo es que los designados se aseguren de que si se está cumpliendo con el acuerdo al cese - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press
El objetivo es que los designados se aseguren de que si se está cumpliendo con el acuerdo al cese - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

El Gobierno nacional y las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’, llegaron a un acuerdo sobre un cese al fuego bilateral.

El acuerdo contará con un sistema de monitoreo y verificación, cuyo principal objetivo es vitar incidentes y denunciar posibles violaciones del acuerdo, tanto por parte de las Fuerzas Militares, como de las disidencias. El anuncio de esta medida se realizó la mañana del jueves 28 de diciembre.

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En relación con el proceso de paz, el presidente Gustavo Petro firmó una resolución que designa a ocho individuos como representantes oficiales del Gobierno Nacional en el mecanismo de monitoreo y verificación. Esta acción busca “garantizar el adecuado funcionamiento del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación”, cuyas instancias operan tanto a nivel nacional como regional, según el documento oficial. Esta designación se suma a las ya establecidas en la Resolución No. 387 del 12 de diciembre de 2023.

La puesta en marcha de este mecanismo de vigilancia es un paso crucial hacia el mantenimiento de la paz y la seguridad en las regiones afectadas por el conflicto armado. Este sistema se encargará de asegurar que ambas partes cumplan con lo estipulado en el cese al fuego, y funciona como una medida de confianza clave en el proceso de diálogo entre el Gobierno y las disidencias.

Ocho personas serán los representantes gubernamentales ante el mecanismo de monitoreo y verificación del cese bilateral con el EMC - crédito @DoomoEditorial/X
Ocho personas serán los representantes gubernamentales ante el mecanismo de monitoreo y verificación del cese bilateral con el EMC - crédito @DoomoEditorial/X

Este tipo de acuerdos de cese al fuego implementados con mecanismos de monitoreo y verificación han sido recomendados internacionalmente como una práctica efectiva para la resolución de conflictos. La participación y la transparencia por parte del Gobierno nacional y las disidencias de las Farc son esenciales para que la comunidad nacional y la comunidad internacional tengan confianza en el proceso y sus resultados. La implementación de este sistema es un reflejo del compromiso continuo con la paz y la resolución pacífica de los conflictos en Colombia.

El Gobierno colombiano ha designado a Juan Camilo Barragán Martínez como el representante ante la instancia nacional del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral. Además, se confirmó la integración de siete miembros de la fuerza pública en la instancia regional establecida en Bucaramanga, Santander. La instalación de esta instancia se produce en un contexto en que ya se ha establecido una petición nacional y se prevé la creación de otros órganos adicionales en Arauca, Popayán, Villavicencio y Mocoa antes de cerrar el año.

Además de Bucaramanga, el gobierno instaurara este mecanismo ciudades como Popayán - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Además de Bucaramanga, el gobierno instaurara este mecanismo ciudades como Popayán - crédito Ernesto Guzmán/EFE

La instancia regional en Bucaramanga tendrá como responsabilidad principal verificar el cumplimiento de los acuerdos de cese al fuego entre el Gobierno y las partes en conflicto. Este mecanismo jugará un papel clave en la prevención de enfrentamientos, protegiendo así a la población civil y evitando violaciones a los derechos humanos. Siguiendo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH), su objetivo es mantener la paz tal y como se estableció durante la Mesa de Diálogos de Paz en Tibú, el 16 de octubre de 2023. La información fue proporcionada por la delegación del Gobierno en su interlocución con las disidencias.

El anuncio se hizo en un contexto en que el Gobierno ha estado implementando diversas estrategias de pacificación, buscando estabilidad y seguridad en la región. La delegación gubernamental subrayó que “Esta instancia regional se encargará de verificar el cumplimiento de los compromisos del cese al fuego, acordado entre las partes”. Dicha instancia representa un paso crítico hacia la consolidación de un cese al fuego duradero en Colombia y subraya el compromiso del Gobierno para traer una solución pacífica a los conflictos prolongados en el país.

Un cese al fuego en desarrollo

El acuerdo de cese al fuego representa un esfuerzo significativo para mitigar el conflicto armado en Colombia y abre la puerta a posibles diálogos de paz con otros grupos armados. La figura de Iván Mordisco, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera, es central en las disidencias de las Farc-ep y su aceptación del cese al fuego es indicativa de un cambio potencial en el panorama de seguridad del país.

El anuncio llegó en un momento de creciente presión sobre las autoridades para reducir la violencia que afecta a varias regiones colombianas. A pesar de los esfuerzos de anteriores administraciones por consolidar la paz tras el acuerdo con las Farc-ep en 2016, las disidencias han continuado operando en áreas rurales, involucrándose en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, lo que ha generado constantes enfrentamientos con las fuerzas militares y policiales del país.

Colombia ha sufrido décadas de conflicto interno, siendo una de las naciones con mayor número de víctimas de conflicto armado en América Latina. La posibilidad de un cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco sugiere un avance sustancial hacia la disminución de la violencia. Sin embargo, el camino hacia una paz completa sigue presentando desafíos, incluyendo la necesidad de reintegrar a los excombatientes a la sociedad y asegurar la protección de los líderes sociales y comunidades afectadas.

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