Tres de las EPS más grandes de Colombia prendieron las alarmas sobre la situación del sistema de salud: les preocupa la “viabilidad” de las empresas

Más de 13 millones de usuarios de EPS Sanitas, Sura y Compensar podrían verse gravemente afectados a partir de septiembre de 2023 si no se revisa con prontitud la designación de los recursos que el Ministerio de Salud destina para cubrir los gastos. Esta es una de las advertencias que han hecho las directivas de las tres entidades promotoras de salud más representativas del país.

Así lo hicieron saber a través de una carta que fue enviada al Gobierno nacional el pasado mes de julio, en el que advierten la crisis financiera por la que atraviesan las promotoras de salud. “Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, se lee en el documento dirigido al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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En la carta firmada por Pablo Otero (gerente general de Sura), Juan Pablo Rueda (presidente de Sanitas) y Andrés Barragán Tobar (director de salud de Compensar) se le menciona al ministro que estas EPS requieren de tres reestructuraciones urgentes respecto a la regulación implementada por el Ministerio de Salud. En el primer caso, los ejecutivos determinaron que la unidad de pago por capitación (UPC), un pago anual que emite la cartera a las promotoras por cada afiliado, no es suficiente para cubrir los gastos en salud de los pacientes.

“Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 % respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7 %”, argumentaron las EPS, basadas en un estudio publicado por la universidad Eafit.

Y es que según el documento, el costo de inversión por paciente sobre el UPC es del 102% en el caso de Sura; 107% para Sanitas y 113% para Compensar, lo que ha disminuido sustancialmente su capital en los últimos años.

Los directivos también señalaron que pagar el mismo valor por cada afiliado, aun cuando unos requieren de mayores servicios que otros por sus patologías, ha generado una iliquidez para las entidades. “Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros” explica el documento.

Al respecto, Erwin Hernández, Médico de la universidad de La Sabana y magíster en Gobierno y Dirección del Sistema Sanitario, señala que los recursos asignados por el Gobierno nacional no van acorde a los progresos tecnológicos que ha sufrido el sistema de salud. “La carga de la enfermedad, pero también los procedimientos en cuanto a su complejidad y el uso de la tecnología han cambiado en el tiempo, y esto hace que los recursos que se necesiten para tratar a un colombiano sean superiores a los que estaban contemplados inicialmente”.

Como tercer punto, las EPS mencionaron que la falta de pago por parte de la cartera nacional ha generado un desfinanciamiento de sus actividades, aunque reconocen que la problemática no es exclusiva del Gobierno actual, sino que tiene su origen en mandatos pasados.

La crisis financiera por la que atraviesa tres de las principales EPS del país repercutiría directamente sobre sus afiliados y al menos 34.000 empleados, al advertir que de no encontrar una urgente solución, su cese de operaciones llegaría pronto.

“Se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, razón por la cual, nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”, enfatiza el documento.

Los directivos también mencionaron que la crisis que atraviesan desde hace dos años ha consumido todo el capital construido en 23 años de servicio que, sumado, supera el billón de pesos. El documento finaliza con una solicitud para que Guillermo Alfonso Jaramillo acepte a reunirse con las EPS cuanto antes para determinar la ruta de acción, siempre priorizando la atención en salud para los colombianos.

Ante la crítica situación por la que atraviesan las tres entidades, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) emitió un comunicado respaldando a las EPS, aunque advirtió que no se trata de una solicitud generalizada ni una posición oficial de las 11 entidades que agremia la asociación.

“Es una solicitud puntual que están haciendo tres de 11 afiliadas a Acemi. Sin embargo, la carta sí refleja la situación de crisis de todo el sector y la necesidad urgente de resolver los temas de financiamiento”, comentó la presidenta ejecutiva del gremio, Ana María Vesga.

De momento no existe un pronunciamiento desde el Gobierno nacional que permita dar solución a la problemática, aunque se espera un pronunciamiento del ministro en las próximas. Entretanto, es incierto el futuro de Sura, Sanitas y Compensar, que podrían dejar sin servicio a más del 25% de la población colombiana.