El gobierno de Japón intentará hackear a los ciudadanos de ese país para comprobar si tienen dispositivos seguros en sus hogares. El objetivo, según dicen, es combatir los problemas de ciberseguridad que vienen escalando en el último tiempo.
El organismo encargado de llevar adelante esta tarea será el Instituto Nacional de Tecnología que se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.
El plan se iniciará a mediados de febrero. Desde ese entonces, el organismo intentará ingresar en routers, webcams y otros dispositivos de la gente para ver si son vulnerables.
Se estima que el 54% de los ciberataques están dirigidos a dispositivos de internet de las cosas. De ahí que se haya planteado esta iniciativa para evaluar la seguridad de esos equipos, principalmente.
Muchos gadgets suelen estar configurados de manera insegura, no contar con un sistema operativo actualizado o utilizar contraseñas inseguras o las que ya vienen de fábrica.
Aquellos usuarios cuyos equipos logren ser vulnerados serán contactados por el Gobierno para que esté al tanto del riesgo que corren sus datos y que tomen medidas para reforzar sus sistemas de seguridad.
Uno de los argumentos que plantea el Gobierno para llevar adelante esta estrategia es que es necesario mejorar la ciberseguridad de cara a las Olimpíadas que se harán en 2020 en Tokio.
Cabe recordar que los antecedentes del Corea del Sur en 2018 no son los mejores. Justo antes de la ceremonia de apertura, el malware Olympic Destroyer afectó el sitio oficial de los Juegos, el wifi del estadio y la retransmisión del evento.
La Champions League en Kiev, Ucrania también sufrió un ciberataque. En esa ocasión se trató del VPNFilter que afectó a miles de routers. Como se ve, el gobierno nipón tienen razones para creer que podrían ser blanco de algún ciberataque durante el mega evento deportivo que organizará el año que viene.
El punto es que, por más que la idea de hacker a los usuarios tenga una buena intención, no se puede dejar de mencionar que podría implicar un gran riesgo. Es que semejante cantidad de datos privados podrían caer en manos de ciberdelincuentes que logren vulnerar las medidas de seguridad del Gobierno, mientras llevan adelante este operativo.
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