El 88% de peruanos cree que la corrupción está generalizada en el Congreso, según encuesta de IEP

La aprobación de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, subió de 16% a 18%.

| Foto: Congreso de la República
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La imagen del Congreso de la República ante la opinión pública se agrava cada vez más. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República, el 88% de peruanos cree que la corrupción está muy generalizada en este poder del Estado. Supera largamente a las municipalidades, los gobiernos regionales, las empresas privadas, el Poder Ejecutivo y el entorno del presidente de la República, Pedro Castillo. Además, el 85% desaprueba la labor legislativa.

Este panorama no resulta casualidad.

En un mes, el Parlamento decidió blindar a personas con graves cuestionamientos. El pasado 25 de mayo, archivó la acusación constitucional en contra del excontralor Edgar Alarcón por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada. En el informe final de la denuncia constitucional formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se llegó a la conclusión el también excongresista cometió el presunto delito contra la administración pública en su condición de excontralor.

Asimismo, la Fiscalía precisó que Alarcón ocasionó un perjuicio al Estado que alcanzaría la suma total de S/ 490,877.95.

Luego, el 1 de junio también se rechazó inhabilitar a Pedro Chávarry por 10 años para el ejercicio de la función pública. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País inclinaron la balanza para no alcanzar el número de votos requeridos y se remitirá al archivo.

Excongresistas de Acción Popular y la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos formularon la denuncia contra Chávarry por su actuación presuntamente obstruccionista en las investigaciones seguidas contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el delito de lavado de activos.

Chávarry, de acuerdo a la denuncia, habría autorizado el deslacrado de las cintas adhesivas colocadas en las oficinas del piso 9 del Ministerio Público allanadas por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de las investigaciones a Keiko Fujimori, con autorización del Poder Judicial.

El último 17 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, quienes fueron acusados por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez durante las manifestaciones en noviembre del 2020.

Inicialmente, hubo un empate de votos entre los congresistas que estaban a favor y en contra del informe del congresista Alejandro Cavero (Avanza País), ponente del caso. Por esa razón, Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso) tuvo que dirimir en su condición de titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Con esta decisión, el Ministerio Público estará impedido de continuar con la investigación contra los tres acusados, quienes cuentan con el “beneficio de antejuicio”. Estos fueron acusados por haber cometido los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

MARICARMEN ALVA

De otro lado, el IEP también detalla que la aprobación de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, sube en dos puntos en aprobación, de 16% a 18%, con respecto a mayo. Mientras que la desaprobación se reduce de 77% a 75%.

Hay que mencionar que la congresista de Acción Popular ha señalado que no tentará la reelección. Actualmente, Alva tiene dos denuncias. Una, interpuesta por el ciudadano Germán Arista, por presuntamente haber vulnerado el principio de neutralidad electoral al haber dicho frases que ensalzaban a su partido Acción Popular, en plena campaña para las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, en una visita a la región Huancavelica.

Y la otra está referida al ciudadano Cesar Ortiz Leandro Inocencio, quien denunció a la titular del Congreso por la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado en la modalidad de “conspiración para una rebelión, sedición o motín”.

Esta acusación se da debido a los audios filtrados en los que se le escucha a la titular de la Mesa Directiva del Parlamento referirse a una presumible intención de vacar al presidente Pedro Castillo, además de tener un supuesto apoyo de las Fuerzas Armadas.

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