La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, afirmó este viernes que no renunciará antes del inicio de su juicio político en el Senado, previsto para junio. Sus declaraciones se producen después de que la Cámara de Representantes aprobara esta semana el proceso de destitución en su contra.
“Todavía no hemos llegado a ese extremo, ese tipo de cosas aún están muy lejos”, declaró Duterte en una rueda de prensa al ser consultada sobre la posibilidad de dimitir.
Enfrentada con el presidente filipino y ex aliado político Ferdinand Marcos Jr., Duterte aseguró que su equipo legal ha estado preparando su defensa desde que la congresista France Castro anunció en 2023 la intención de promover su destitución.
La vicepresidenta enfrenta acusaciones por el presunto uso indebido unos 4,3 millones de dólares en fondos confidenciales del Departamento de Educación, cartera que dirigió hasta su renuncia en junio pasado.
El secretario general de la cámara baja del Congreso filipino, Reginald Velasco, afirmó que 215 miembros apoyaron la petición para destituir a Duterte, superando los 102 votos necesarios.
Velasco explicó que se trata de la cuarta petición formal para destituir a Sara Duterte, después de que varias organizaciones apoyadas por diputados presentasen el pasado diciembre otros tres procesos similares.
Otro de los cargos en su contra está relacionado con unas declaraciones realizadas en diciembre, cuando afirmó haber dado órdenes de matar al presidente en caso de que ella fuera asesinada.
“Yo no amenacé con matar al presidente”, insistió Duterte este viernes, argumentando que sus palabras no constituyen una amenaza real, ya que dependen de un evento hipotético.
Estas afirmaciones marcaron el punto más tenso en la ruptura política entre Duterte y Marcos Jr. Ambos lideraron una campaña conjunta en las elecciones de 2022, pero sus diferencias se han profundizado en los últimos meses.
El presidente del Senado, Francis Escudero, informó que el juicio político contra la vicepresidenta comenzará en junio, tras las elecciones de medio mandato del 12 de mayo, en las que se renovarán doce escaños del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.
Estos comicios son vistos como un referéndum sobre la gestión de Marcos Jr., pero también medirán la influencia de la familia Duterte en la política filipina.
Si el juicio político prospera, Duterte perdería el cargo de vicepresidenta y quedaría inhabilitada para ocupar funciones públicas, lo que impediría su posible candidatura a la presidencia en 2028.
Marcos Jr. se desmarca del proceso de destitución
El presidente Ferdinand Marcos Jr., en sus primeras declaraciones sobre el tema, aseguró que no interferirá en el proceso ni en el calendario del juicio.
“Depende del Senado cómo decidan llevar a cabo el juicio”, dijo a los periodistas el jueves.
Marcos Jr. negó haber tenido un papel en la destitución de Duterte, a pesar de la evidente ruptura entre ambos tras la alianza electoral que los llevó al poder en 2022.
“Hay una insinuación de que, de alguna manera, les estoy dando órdenes al Congreso. Eso no es cierto en absoluto. Somos independientes unos de otros”, afirmó.
“Me dan demasiado crédito”, agregó en tono irónico.
El presidente del Senado, Francis Escudero, anticipó que el juicio no concluirá antes de la instalación del próximo Congreso en julio.
“Es casi seguro que el proceso se extenderá al 20º Congreso”, explicó. Esto significa que los senadores que comiencen el juicio podrían no ser los mismos que dicten el veredicto.
El vicepresidente de la mayoría en la Cámara de Representantes, Lorenz Defensor, coincidió en que el juicio “podría prolongarse hasta el próximo Congreso”, cuyos miembros serán elegidos en las elecciones del 12 de mayo.
(Con información de EFE y AFP)
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