Jonás Chávez fue designado como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes por el secretario de Gobierno (Segob), Juan Manuel Flores Femat; esto tras el arresto de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien ocupó el puesto hasta el pasado 2 de febrero.
El nuevo encargado de la SSP estatal fungió como subsecretario de Seguridad en la entidad y estará al frente de la dependencia hasta septiembre del 2022, pues el gobierno se renovará en las elecciones de verano y la nueva administración llegará el 1 de octubre del mismo año.
Porfirio Sánchez Mendoza recibió auto de formal prisión por parte de un juez el pasado 9 de febrero, pues el magistrado determinó que el ex funcionario lleve su proceso tras las rejas; es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber cometido los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales o informes otorgados a instituciones oficiales.
El ex titular de la SSP fue detenido el pasado 2 de febrero en un operativo conjunto de la FGR con elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Distintas versiones de los hechos apuntan a que su arresto se llevó a cabo durante una visita de trabajo a la capital del país, mientras que otras aseguran que se le privó de su libertad al acudir a la zona militar ubicada en Aguascalientes.
Sánchez Mendoza ha sido vinculado a Luis Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna, pues ocupó varios cargos al interior de la Policía Federal (PF) cuando ambos ex funcionarios estaban al frente de la corporación de seguridad y de la SSP federal respectivamente.
Porfirio Sánchez compareció ante un juez en el Reclusorio Norte un día después de su arresto, ejercicio jurídico en el cual se negó a declarar y que se llevará a cabo por medio del sistema de justicia tradicional, pues las denuncias en su contra fueron presentadas antes de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en 2016.
La FGR, anteriormente Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia en su contra en aquél año, la cual fue redactada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución que a su vez, recibió una queja interpuesta por una persona que acusó a elementos de la PF de torturarla sin razones aparentes.
Estos hechos ocurrieron después de que la víctima había salido de un gimnasio en la Ciudad de México, pues fue privada de su libertad y posteriormente golpeada y torturada en diferentes ocasiones; presuntamente Sánchez Mendoza habría ordenado esto.
Un día después del arresto del ex funcionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades que llevan el caso dejar los intereses políticos a un lado, pero también reafirmó su determinación de no proteger a nadie.
“Lo que considero es que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada; siento que corresponde a la fiscalía hacer las investigaciones, con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie, y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie”, dijo el mandatario.
Además, López Obrador reconoció la postura del gobernador Martín Orozco Sandoval ante el aseguramiento del funcionario, pues no se opuso a las indagatorias ni reclamó alguna persecución desde el Ejecutivo federal.
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