El 23 de abril del 2020 entró en vigor, por iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Ley de Amnistía. Su propósito es dar libertad a personas que fueron encarceladas por injusticias y excesos del sistema penal. Sin embargo, según un comunicado de prensa publicado a un año de que que se promulgó la ley, la Secretaría de Gobernación sólo tiene registro de 5 personas liberadas por la Ley de Amnistía.
La Ley de Amnistía, según fue descrita en su inicio por el presidente de México, iba a beneficiar a mujeres, jóvenes y personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que enfrenten un proceso penal, que ya estén bajo proceso o que ya hayan recibido una sentencia por delitos como el aborto, robo menor o posesión de drogas, entre otras condiciones.
El objetivo es “aliviar las injusticias o los excesos del sistema de justicia penal de las que han sido objeto grupos vulnerables de la población por su condición de pobreza y discriminación social, así como contribuir a la pacificación y reconciliación nacional”, describe el informe publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBC) del Senado de la República.
Este documento publicado a finales de Julio de este año, describe los “Avances en el proceso de implementación de la Ley de Amnistía a un año de su entrada en vigor”. El informe también enumera algunos de los principales problemas para la implementación de esta ley, que van desde la falta de un conteo confiable de los casos que recurren a la legislación de amnistía, hasta las resistencias de los gobiernos a nivel estatal de promulgar sus propias leyes de amnistía.
Según el IBC, no existe “un mecanismo único y eficiente de datos y consulta que permita darle un seguimiento puntual al número de solicitudes presentadas, a los procesos de determinación y a las amnistia otorgadas o negadas”. Pese a esto, recupera que en el último reporte presentado, con corte al 22 de enero del 2021, había 1,115 casos en evaluación, de los cuales 942 (84%) eran hombres y 173 (16%) mujeres; de las personas solicitantes, 64 pertenecen a comunidades indígenas.
Además, se tiene registro que 760 de las solicitudes son por delitos contra la salud (como se le conoce a los delitos por narcotráfico en la legislación mexicana). 175 de los casos fueron declarados no procedentes mediante la Ley de Amnistía y 769 siguen a la espera de más información.
Otro de los grandes retos ha sido la poca iniciativa de los gobiernos estatales para generar leyes de amnistía que se armonicen con la que existe a nivel federal. Sólo Hidalgo, el Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala tienen una ley aprobada y publicada. En Durango ya se aprobó una legislación, pero todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no ha entrado en vigor.
En 19 estados se ha presentado al menos una iniciativa en los congresos locales, y ocho entidades no tienen registro de ningún avance en la armonización de sus leyes.
Sin embargo, incluso en los estados donde ya está en vigor la Ley de Amnistía estatal, hay resistencias respecto a algunos de los casos que son favorecidos por la legislación federal. En Tlaxcala, el congreso local decidió que la Ley de Amnistía favorecerá únicamente a quienes estén bajo proceso por delitos como robo simple y sedición, excluyendo de la posibilidad de solicitar amnistía a las mujeres que estén bajo proceso por haber interrumpido su embarazo.
Además, el informe llama la atención sobre que, a nivel nacional, no existe un mecanismo de reinserción social con vías claras para restablecer cabalmente los derechos de las personas privadas de la libertad y que garanticen la no repetición de los delitos.
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