La tarde del sábado, los coordinadores de las bancadas partidistas en el Senado publicaron un comunicado en el que reconocían las controversias de la opinión pública con respecto a la reforma de la Ley del Banco de México.
El boletín mira los diferendos y anuncia que la aprobación de la reforma estará suspendida hasta que los grupos parlamentarios puedan escuchar y debatir las controversias. Los coordinadores de Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática , Partido Verde Ecologista de México y Partido Encuentro Solidario aceptaron la posibilidad de hacer modificaciones al proyecto legislativo.
“Estaremos atentos al proceso legislativo que se está desarrollando, y si fuere el caso, recibiremos abiertamente las modificaciones que la colegisladora llegase a considerar viables o las que pudiera incorporar el Ejecutivo federal, si con todo ello la reforma de mérito se perfecciona en su contenido para favorecer la situación económica y social del pueblo de México” escribieron los coordinadores de las 6 bancadas mencionadas.
La reforma tiene dos implicaciones principales. La primera es que, al obligar a Banxico a verificar si el dinero es legal, le impone una tarea que está por encima de sus facultades. La segunda es que, al obligarlo a comprar el efectivo excedente, lo vuelve vulnerable ante la recepción de dinero ilícito.
La iniciativa fue calificada como una violación a la autonomía del Banco de México, porque le asigna obligaciones que, constitucionalmente, no están contempladas en su misión “de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos”.
El posicionamiento conjunto fue suscrito por el senador Ricardo Monreal, de Morena, el mismo que promovió la iniciativa y que, el viernes, publicó en su cuenta de Twitter un documento para explicar la reforma “porque hay bastante desinformación y es pertinente aclarar las inquietudes”.
El documento está compuesto por tres contraargumentos a los principales reclamos que ha recibido la reforma.
En el primero, alega que, aunque el cambio sí obliga al Banco de México a comprar el efectivo que no pueda ser repatriado, esto no vulnera la seguridad de las reservas nacionales porque, para hacerlo, debe seguir los protocolos de la Ley de Instituciones de Crédito y las recomendaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Luego, dijo que el Banco de México no recibiría ingresos de procedencia ilícita porque todo el efectivo le sería entregado por instituciones bancarias existentes que deben atenerse a ciertos protocolos de verificación del dinero. Aunque, gracias al incentivo de que la reforma les permitirá deshacerse del dinero de forma inmediata, los bancos podrían obviar algunos de esos protocolos.
En su tercer punto, alega que la autonomía del Banco de México quedaría intacta porque el cambio legal sí lo obligaría a “observar pautas mínimas”, pero lo haría con cosas que sí puede hacer. Lo que vulnera la necesidad de la reforma.
Por otra parte, la Cámara de Diputados también ha opinado sobre el asunto. El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar publicó en su cuenta de Twitter que “La reforma a la ley de Banxico no responde a ninguna urgencia nacional. Falso que ayude a las familias de los migrantes. Sólo apoya a bancos que se niegan o no pueden tener corresponsales para repatriar o transferir las monedas extranjeras”.
El comunicado de los coordinadores en el Senado reconoció que el sistema legislativo nacional es cooperativo y que los diputados modifican las iniciativas de los senadores y viceversa. “El Congreso mexicano es una instancia bicameral y cada cámara asume sus funciones. El proceso legislativo tiene etapas de inicio y revisión, y después de ello, el Ejecutivo Federal puede hacer observaciones», reconocieron los representantes.
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