Desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa inició una infructuosa y sangrienta guerra contra el narco en 2006, los abusos de fuerza cometidos por soldados y marinos (detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales) han incrementado sin freno hasta la actual administración.
Entre el 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha estado involucrada en 4,737 enfrentamientos en total. De esos hubo un total de 3,998 civiles detenidos, 4,809 civiles fallecidos y 697 civiles heridos, según un conteo de Intersecta.
Del lado de los militares, sin embargo, hubo 1,661 heridos y 284 fallecidos.
Lo anterior se traduce en que por cada civil detenido en los enfrentamientos de la SEDENA, en promedio fallecieron 1.2 civiles; por cada civil herido en los enfrentamientos fallecieron 6.9 más y por cada militar muerto fallecieron 16.9 civiles.
¿Qué revela esta información? Que en los enfrentamientos, en promedio, mueren más civiles de los que son detenidos.
Según Intersecta, si se analiza la tasa entre civiles fallecidos por cada civil detenido, con Andrés Manuel López Obrador, es de 1.5 a 1, mientras que con Calderón era de 1.2 a 1. En este último indicador, la razón en los enfrentamientos del sexenio de AMLO ha incluso superado a la de su antecesor Felipe Calderón. En otras palabras: en lo que va del sexenio de López Obrador, en los enfrentamientos, mueren más civiles que los que son detenidos, en comparación con Calderón.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra que entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se registraron los siguiente reclamos en contra de militares: 37 quejas por privación de la libertad, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano.
El Ejército y la Marina en México desempeñan desde 2006, como parte de la guerra contra el narcotráfico, funciones que deberían estar a cargo de las policías civiles, sin que existan leyes adecuadas que limiten el uso de la fuerza. La crítica principal de organismos nacionales e internacionales a la incursión de las fuerzas armadas en estas actividades es el riesgo de la violación a los derechos humanos.
Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo llevan décadas denunciando graves violaciones de derechos humanos en México y en el estado de Tamaulipas, muchas veces a manos de integrantes de las fuerzas armadas.
En muchos casos las autoridades suelen culpar a las víctimas, pintándoles como sicarios o miembros del crimen organizado. Y a sus familias las tratan con desprecio y les dicen que no tienen derecho de reclamar justicia.
Parte del problema estriba en la mala regulación que hay sobre el uso de la fuerza. Si bien el año pasado el Congreso expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnó.
Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública.
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