“Urge interlocución”: gobernadores del PAN se sumaron a los reclamos por el Pacto Fiscal

La Alianza Federal ha solicitado que se revisen los criterios de distribución de los recursos

Los gobernadores panistas buscan mejores condiciones fiscales para sus entidades (Foto: Especial)
Los gobernadores panistas buscan mejores condiciones fiscales para sus entidades (Foto: Especial)

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se sumó a las peticiones realizadas por los miembros de la Alianza Federalista, la cual se conforma por 10 gobernadores, sobre la revisión del Pacto Fiscal, con el fin de que exista una mejor distribución de los recursos.

“Urge interlocución política para aproximar las posturas en torno a un nuevo federalismo. La nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero, fiscal, de promoción y competitividad”, comunicaron los gobernadores del PAN vía Twitter.

Además, justifican que la situación en las entidades es insostenible y “está incubando una crisis nacional” y refieren que la crisis sanitaria la han enfrentado con recursos ordinarios, “hubo grandes recortes a la educación, seguridad, infraestructura, protección civil, ciencia, cultura, deporte, entre otros”.

Otro de los reclamos de la Alianza Federalista es la desaparición de los 109 fideicomisos.

 Cinco de los 10 miembros de la Alianza Federalista son gobernadores por Acción Nacional (Foto:@fgcabezadevaca)
Cinco de los 10 miembros de la Alianza Federalista son gobernadores por Acción Nacional (Foto:@fgcabezadevaca)

Los integrantes de la Alianza son: Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco (Movimiento Ciudadano); Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes (PAN); Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila (PRI); José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima (PRI); Javier Corral Jurado, de Chihuahua (PAN); José Rosas Aispuro Torres, de Durango (PAN); Diego Rodríguez Vallejo, de Guanajuato (PAN); Silvano Aureoles Cornejo, de Michoacán (PRD); Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León (Independiente) y Francisco J. García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (PAN).

Los que se suman por Acción Nacional reclamo de la Alianza son: Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.

“El acuerdo fiscal es producto de la reforma de 2007”: Herrera

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que existirá una deliberación en relación con el pacto fiscal y enlistó un par de observaciones al respecto.

“Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón”, compartió en su cuenta de Twitter el miércoles 28 de octubre.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que existirá una deliberación en relación con el pacto fiscal (Foto:Reuters/ Luisa Gonzalez)
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que existirá una deliberación en relación con el pacto fiscal (Foto:Reuters/ Luisa Gonzalez)

El secretario de Hacienda mencionó que le sorprende que los cuestionamientos provienen de miembros del Partido Acción Nacional.

Ante los reclamos de dicho grupo y la petición de dialogar con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. La respuesta que obtuvieron por parte del Ejecutivo es que no los atenderá, porque ya existe un diálogo con Arturo Herrera, y les sugirió hacer un sondeo entre la población sobre el pacto fiscal. Al menos cuatro gobernadores han indicado que realizará dicho ejercicio en sus entidades.

Herrera Gutiérrez también compartió un par de links en donde incluye la lista de legisladores y senadores que votaron en su momento la reforma del 2007.

Entre las peticiones de la Alianza Federalista están que revisen los criterios de distribución de los recursos, ya que actualmente, 80% de los ingresos públicos se los queda el gobierno federal y reparte el resto a las 32 entidades y 2,400 municipios.

Lo que proponen es que la distribución sea 70% gobierno federal y 30% para los estados y municipios, lo que podría significar un incremento de 600,000 millones de pesos.

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