A través de la plataforma change.org, ciudadanas y ciudadanos publicaron una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y al Congreso de la Unión urgiéndolos a articular una “verdadera” estrategia de protección del empleo formal para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), evitando la pérdida de puestos de trabajo.
Como respuesta a la pandemia por COVID-19, que ha supuesto la interrupción de actividades económicas por gran parte de la población debido a las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades para frenar la propagación del virus, ciudadanos y empresarios difundieron una carta para solicitar la aplicación de medidas que protejan los trabajos, titulándola: “Salvar empleos es otra forma de salvar vidas”.
En el documento además se solicita implementar medidas que generen medidas tanto financieras como fiscales que les permitan sortear la crisis derivada de la pandemia y agravada por la situación petrolera. La petición fue publicada el pasado lunes 20 de abril y hasta el mismo día en la tarde ya habían recabado más de 1,600 firmas, y se encuentra disponible en: https://www.change.org/SalvarEmpleosesotraformadeSalvarVidas
Los ciudadanos denuncian la ausencia de una estrategia del Gobierno Federal para preservar el empleo dirigido a las PYMES. Por esta razón, explica el comunicado, pequeños empresarios pero también personas ajenas a ese sector de la economía, conscientes de la urgencia de desplegar acciones que prevengan el desempleo masivo por el que atraviesa el país, decidieron hacer una lista de 9 peticiones que permitan articular un plan para tratar de mitigar los impactos económicos negativos de la crisis.
Los ciudadanos solicitan:
- Un programa de créditos para la protección del empleo de pequeñas y medianas empresas, extensible a organizaciones y asociaciones civiles con menos de 250 empleados, los cuales se comprometan a no despedir personal o que puedan comprobar el destino de cuando menos 75% de los recursos prestados a la recontratación de aquellos a los que hayan cesado a causa de la emergencia sanitaria actual. Dicho apoyo tendría un tope equivalente a tres meses de nómina salarial más pago promedio de honorarios correspondiente a esos mismos tres meses, más el 25%.
- El crédito deberá ser aplicable a microempresarios y profesionistas independientes, con un tope equivalente a tres meses de sus ingresos declarados.
- Diseñar una política pública que permita la renegociación de créditos PYME de la banca comercial para poder diferir el pago de sus mensualidades al último trimestre del año, sin penalizaciones ni cambios en las tasas de interés.
- Diferimiento hasta el último trimestre de 2020 de los pagos provisionales de ISR e IVA correspondientes al periodo marzo-agosto 2020 para empresas y asociaciones civiles con menos de 250 empleados.
- Posponer durante seis meses el cobro de las cuotas del IMSS, INFONAVIT y del SAR sin recargos ni intereses o afectación a los trabajadores.
- Posponer, durante seis meses, el cobro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad a empresas y asociaciones civiles que demuestren que por la naturaleza de su giro requieran de asistencia presencial comprobable de sus trabajadores, sin que ello implique afectación alguna al suministro.
- Anticipo de pagos a empresas y asociaciones civiles de menos de 250 trabajadores, comprometidas a una política de cero despidos y a las que el gobierno federal haya contratado como proveedoras.
- Apoyos directos equivalentes al 50% de su facturación durante el segundo trimestre de 2019 a negocios al público con menos de 20 trabajadores.
- Diseño de un programa expedito de retiro parcial anticipado tanto del ahorro para el retiro como de las aportaciones al crédito para vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE, etc.) dirigido a todos sus beneficiarios .
Asimismo, los ciudadanos expresaron que no pretenden obtener dádivas ni condonaciones y que no quieren otro FOBAPROA. Sin embargo, expresaron que la única prioridad que se equipara a la salud es garantizar empleo a la mayor cantidad posible de mexicanos.
En un principio las medidas temporales para frenar la propagación del virus como la Jornada Nacional de Sana Distancia estaban previstas hasta el 30 de abril, sin embargo, el pasado jueves, el gobierno de México anunció que dichas disposiciones se prolongarán hasta el 30 de mayo en las zonas de alta transmisión.
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