
El sector salud atraviesa una de las acusaciones más graves de los últimos años, pues diversas instituciones habrían utilizado facturas falsas para desviar miles de millones de pesos entre 2014 y 2019.
La investigación Facturas falsas: La epidemia en el sector salud, realizada en dos años por Impunidad Cero y Justicia Justa documenta el desvío de 4,179 millones 046 mil 254 pesos a través de la falsificación de casi 23 mil facturas.
Hasta el momento suman 90 instituciones federales y estatales en 30 de los 32 estados de la República las que utilizaron dichas facturas a través de 837 empresas fantasma.
Las organizaciones civiles responsables de la investigación presentarán las denuncias correspondientes por delitos como defraudación fiscal, peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Entre las pruebas hay un total de 22 mil 933 facturas falsas en el sistema de salud pública entre 2012 y por lo menos 20 falsificaciones por 2,725 millones con 752 pesos a principios de 2019.
Los investigadores expusieron que con la cantidad facturada pudieron pagarse aproximadamente seis meses de tratamiento para 41 mil pacientes con cáncer de mama o hasta el pago de 80 mil camas de hospital, entre otros gastos que hubieran beneficiado al sistema de salud mexicano.
Las instituciones participantes en el fraude son Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y diversos institutos, secretarías, servicios o laboratorios de la república.
Sin embargo, la institución con mayor monto desviado es el Instituto de Salud del Estado de México con un total de 1, 804 millones 848 mil 490 pesos; le siguen el IMSS con 320 millones 909 mil 389 pesos y el Instituto de salud de Chiapas con 282 millones 857 mil 733 pesos.
Entre los diez primeros también destacan, con cantidades entre los 268 millones 804 mil 875 y los 70 millones 492 mil 487 pesos, los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.de C.V. (Birmex), ISSSTE, el Instituto Jalisciense de Cancerología y los Servicios de Salud de Puebla, Oaxac, Yucatán, Sonora, Jalisco y Chihuahua.
Federico Reyes Heroles, de Impunidad Cero, aseguró que su objetivo principal es que "las autoridades tomen nota y comiencen a rastrear los desvíos y la manera en la que operan estos esquemas de corrupción”.

La investigación arroja que dichas facturas comenzaron a emitirse en 2012. Un total de 10 falsificaciones por 4 millones 684 mil 089 pesos fueron documentadas. Un año más tarde encontraron 18 facturas falsas por un total de 14 millones 061 mil 986 pesos. Lo casos más graves estaban por venir.
La cifra de facturas emitidas creció hasta las 6 millones 074 en 2014. El dinero entregado a empresas fantasma fue 701 millones 149 mil 986 pesos. En 2015 siguió en aumento con un total de 7,264 facturas falsas por un total de 1,190 millones 778 mil 877 pesos.
Para 2016 hubo una disminución en las facturas emitidas, pero creció la cantidad pagada. Un total de 5,406 facturas registran el gasto de 1, 215 millones 060 mil 726.00 pesos. Los números continuaron en picada durante 2017, cuando emitieron 3,602 facturas por un total de 883 millones 177 mil 417.00 pesos.
Durante 2018 el número de facturas falsas fue de 539 por un monto de 167 millones 407 mil 625 pesos y a principios de 2019 facturaron 20 veces por un total de 2 millones 725 mil 752 pesos.

También destaca en la investigación que 25 de las 837 empresas fantasma identificadas recibieron cerca del 80% de los pagos. Una en especial, Biomédica, S.A de C.V, recibió 1,613 millones 538 mil 193 pesos en facturas falsas; esto es el 39% de los recursos públicos identificados.
Otras empresas que recibieron pagos de entre 205 millones 446 mil 385 y 147 millones 458 mil 448 pesos fueron Kisa Importaciones, S.A. de C.V, Constructora Kedmex, S.A. de C.V, Distribuidora de Medicamentos y Cosméticos S.A.P.I. de C.V y Tradeco Urbana, S.A. de C.V.
En conferencia de prensa, aseguraron que la investigación ya fue presentada en la Procuraduría Fiscal de la Federación; la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud. Por el momento esperan una respuesta.
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