Las diferencias entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial de la Federación por la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos puede ir más allá de una controversia. De continuar no sólo puede afectar el Estado de Derecho sino también a la operatividad de los tres poderes.
El jurista Alfonso Partida, ex presidente del Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema Penal en el Poder Judicial de Jalisco, explicó a Infobae que esta controversia desatada luego que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declarara inconstitucional la ley que reduce y limita los salarios de los altos funcionarios puede terminar en una serie de destituciones e inhabilitaciones de las tres partes.
Tanto los poderes Legislativo, como el Ejecutivo y el Judicial tienen facultades para exigir juicios políticos o, inclusive, el presidente López Obrador puede liquidar a magistrados como lo hizo en 1994 el entonces mandatario de México Ernesto Zedillo Ponce de León que redujo de 21 a 11 el número de magistrados de la Corte por considerar que eran demasiados.
"Si el Legislativo sigue adelante en la reducción de salarios cuando ya hay una resolución de la Corte, los ministros los puede inhabilitar, pero también, el Legislativo puede inhabilitar a los ministros argumentando violaciones al Artículo 127 constitucional. Desde 2009 los ministros ya sabían que no podían seguir aumentándose los salarios y lo siguieron haciendo año con año, pudieron dejarlo como estaba, pero año con año se siguieron aumentando entre 6 y 10% y eso es anticonstitucional", explicó el jurista.
El Artículo 127 señala que "las remuneraciones del Presidente de la República de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los diputados y senadores al Congreso de la Unión y de los demás servidores públicos de elección popular, en los ámbitos federal, estatal, municipal, del Distrito Federal y sus delegaciones, serán determinadas anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes y se sujetarán a los lineamientos que establecen esta Constitución y las leyes que expida el Congreso General. Ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República. Ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la establecida para su superior jerárquico".
El lunes, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, que reúne a 1.410 juzgadores en el país, protestaron contra la polémica ley y negaron que perciban salarios de hasta 600.000 pesos como acusó López Obrador.
Mientras que el presidente, en su conferencia de prensa matutina, insistió en que "los salarios de los altos funcionarios públicos son exagerados, son ofensivos, de manera particular los del Poder Judicial, es ofensivo ni tiene que ver con el cambio ni con la justicia, al contrario es un arbitrariedad… son los funcionarios mejor pagados del mundo".
El Senado presentó en la Corte el recurso de reclamación contra la suspensión de la ley. Solicitó que, de manera previa al inicio del periodo vacacional de ese poder, que será del 15 de diciembre al 2 de enero, "resuelva la impugnación antes del inicio de vacaciones" o bien, considerando el interés nacional, habilite días y horas hábiles para que el pleno de la Corte resuelva el recurso a fin de no interferir en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019.
El jurista señaló que en caso de intensificarse el conflicto, López Obrador podría jubilar anticipadamente o reducir el número de ministros, como lo hizo Zedillo, argumentando su poca efectividad.
Por su parte, la Corte puede llegar a fallos históricos como el de hace cinco años cuando por primera vez ordenó la destitución e inicio de proceso penal del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Macías Zambrano, por no acatar una orden del Poder Judicial al tomar protesta a cuatro magistrados a pesar de que el SCJN había decidido que debía suspenderse al estar envueltos en una controversia constitucional.
La destitución estuvo basada en el artículo 107 constitucional que de manera textual señala que "la autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionado penalmente".
Partida Caballero advirtió que se corre el riesgo de que las diferencias polaricen a los distintos sectores en el país ya que mientras algunos han empezado a manifestarse a favor del presidente, otros, como el empresarial y los partidos de oposición están a favor de los ministros sin contar con que algunos altos funcionarios ya se ampararon en contra de la reducción salarial.
"Es un 'Kramer contra Kramer', una lucha de poder preocupante", explicó el jurista y advirtió que de seguir la controversia, se corre el riesgo de que el país llegue a una parálisis de poderes.
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