La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por el “deterioro significativo” de los servicios esenciales en Cuba debido a la escasez de combustibles.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) advirtieron en un comunicado sobre el riesgo de un colapso humanitario por el deterioro de servicios, con impactos graves sobre presos y grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores.
El organismo subrayó que la alta dependencia de importaciones de combustibles incrementa la fragilidad del sistema sanitario, agravada por el desabastecimiento de insumos y medicamentos, así como por limitaciones diagnósticas y terapéuticas.
En ese sentido, remarcó que los prolongados cortes de electricidad afectan el acceso al agua potable y que se registra un aumento sostenido en los precios de los alimentos.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, advirtió que la crisis humanitaria en Cuba se desarrolla en un contexto de “graves violaciones de derechos humanos y serios problemas estructurales”, entre los que mencionó la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, y la prohibición de la asociación con fines políticos.
El organismo denunció además que la represión política en la isla se encuentra en uno de sus puntos “más críticos y alarmantes”, con niveles históricamente altos de detenciones y una persecución sistemática orientada a silenciar a quienes exigen libertad y democracia.
La CIDH señaló que la represión en Cuba se ejerce mediante detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías del debido proceso, aislamiento de activistas y sus familias, y el uso del aparato estatal para criminalizar la disidencia pacífica.
El organismo consideró que, ante este panorama, la responsabilidad primaria por el bienestar de la población recae sobre el Estado cubano, cuyas políticas económicas restrictivas y el modelo de partido único son identificados como la causa estructural de la crisis.
A su vez, reiteró su preocupación por los efectos de las sanciones impuestas sobre Cuba y el cierre de los mercados internacionales, y abogó por el respeto efectivo de los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, la participación democrática y el cese de toda forma de represión.
En esa línea, instó al régimen cubano a adoptar “urgentemente medidas efectivas y progresivas” para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la población.
La prestigiosa organización global Human Rights Watch (HRW) también se refirió a la calamitosa situación humanitaria originada por el régimen cubano: “El agravamiento de la crisis económica ha socavado el acceso de la población a los alimentos, la atención sanitaria y la electricidad”.
“El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas. Cientos de críticos y manifestantes, entre ellos muchos participantes en las históricas manifestaciones de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente”, denunció HRW en el informe presentado en febrero de 2026.
De acuerdo con la organización no gubernamental Cubalex, al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente en operaciones policiales y de vigilancia estatal entre enero y junio de 2025.
Los cubanos siguen huyendo del país en grandes números. Según cifras oficiales, Cuba perdió alrededor del 10% de su población en los últimos años. Estudios independientes estiman que la cifra real podría ser aún mayor.
Cada vez más cubanos optan por establecerse y desplazarse dentro de Latinoamérica, un fenómeno que se aleja de la percepción tradicional de la región como simple “corredor migratorio”, según un análisis reciente de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”, afirmó María Moita, directora Regional de la OIM para América Latina y el Caribe.
Moita explicó que, detrás de estas cifras, hay personas que enfrentan decisiones complejas sobre dónde reconstruir sus vidas. Subrayó que los datos obtenidos diariamente en terreno permiten a los gobiernos desarrollar políticas migratorias basadas en evidencias que reflejan estas realidades.
(Con información de EFE)
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