Ley de lavado en Uruguay: ahora el monto permitido para transacciones en efectivo es de 33 mil dólares

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la Ley de Lavado de Activos en Uruguay, una iniciativa promovida por el gobierno de Yamandú Orsi y que tiene como una de sus principales novedades la reducción del monto permitido para las transacciones en efectivo de USD 160.000 a USD 33.000. De esta forma, se vuelve atrás un cambio que había sido incluido en la ley de urgente consideración (LUC), el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.

En la Cámara de Diputados el oficialismo no tiene mayorías, por lo que debió buscar los votos por fuera de su bloque. En algunos elementos centrales, como la reducción del tope, lo consiguió. Sin embargo, hubo otras propuestas en las que el texto promovido por el Ejecutivo no tuvo éxito, como en la eliminación de la fiscalía especializada en Lavado de Activos.

“Pasamos de un monto muy bajo a un monto muy superior, de USD 100.000. No cualquiera anda con USD 100.000 en el bolsillo. Por lo menos en mi barrio, les puedo asegurar que no”, dijo en la sesión Cecilia Cairo, diputada de la coalición de izquierda Frente Amplio. “Que con ese dinero se puede hacer lavado comprando casa, comprando comercios, lo sabe cualquiera”, argumentó la legisladora del bloque oficialista.

“No tentemos al diablo porque no es lo mismo andar con USD 45.000, USD 50.000 dólares en una valija, que blanquear casi USD 200.000”, dijo, por su parte, Walter Verri, diputado del Partido Colorado. Él fue uno de los legisladores de la oposición que apoyó la propuesta del gobierno.

Las cifras de los límites son establecidas en proyecto de ley en unidades indexadas, un indicador que ajusta según la inflación del país. Por eso, la conversión a dólares es para hacer un estimativo, pero no representa un valor exacto.

El gobierno había enviado al Parlamento este proyecto de ley a mediados del año pasado y el presidente Orsi había pedido apurar su tratamiento luego del atentado que sufrió en su casa la fiscal general de Uruguay, Mónica Ferrero, recordó la crónica de El Observador.

El proyecto aprobado por diputados modifica más de 30 artículos de la ley integral contra el Lavado de Activos, aprobada en 2017, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Algunos cambios son simplemente para adaptar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal.

Además, agrega nuevos delitos como precedentes del lavado de activos. Por ejemplo, se agregan los delitos ambientales (la introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrales del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuando su monto real o estimado supere los USD 16.000.

Uno de los asuntos más polémicos y discutidos en la tarde fue la intención del gobierno de bajar el tope del uso en efectivo. Uno de los argumentos de los que estaban en contra de hacerlo era que la LUC había sido ratificada en un referéndum. Por eso, la oposición machacó contra el gobierno por considerar que no respetó lo que la ciudadanía había expresado en las urnas.

Al inicio de la jornada, una de las dudas que faltaba despejar era si el oficialismo lograba conseguir eliminar la fiscalía especializada en el tema. Esta propuesta tuvo un amplio respaldo en el Senado, pero fue rechazada por los opositores Partido Nacional Cabildo Abierto y el Partido Independiente, en Diputados. La duda estaba en lo que iban a hacer los colorados, que finalmente cambiaron la posición que habían tenido en el senado y rechazaron que se elimine.

“Entendemos que suprimirla, transformarla o como se le quiera decir, implicaría un retroceso, una regresión con relación a un camino auspicioso y saludable que se empezó en el período pasado”, dijo Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, al argumentar su voto.