El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará gestiones para restituir el mecanismo de interpelación a ministros con el objetivo de reforzar la fiscalización de las autoridades del Ejecutivo. Para este fin, señaló que se ha creado una comisión encargada de coordinar el proceso.
Lara precisó que la medida se enmarca en lo establecido por la Constitución Política del Estado, la cual otorga a la Asamblea la facultad de exigir la comparecencia de ministros y solicitar explicaciones sobre asuntos de interés público. En caso de respuestas insatisfactorias, el mecanismo puede derivar en la censura o destitución de los funcionarios.
Sin embargo, en las últimas dos gestiones los presidentes burlaron la acción legislativa a través de la destitución y el inmediato renombramiento de los ministros que habían sido censurados. Lo hizo Jeanine Añez con su ministro transitorio de Defensa, Luis Fernando López, en marzo de 2020; y también Luis Arce con el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, en junio de 2023.
La interpelación se encuentra suspendida desde agosto de 2023, luego de que ocho miembros del gabinete del gobierno de Luis Arce presentaran un recurso de amparo ante una sala constitucional de La Paz.
La medida cautelar dictada por el tribunal suspendió temporalmente las interpelaciones, bajo el argumento de que la normativa vigente que regula los efectos de la censura contenía disposiciones inconstitucionales y, por tanto, debía adecuarse antes de reanudar el mecanismo de fiscalización.
La suspensión de esta atribución ha generado el cuestionamiento de algunos actores políticos que consideran que la medida limita la capacidad de fiscalización y debilita los mecanismos de control sobre la gestión pública. En paralelo, reavivó las críticas al Órgano Judicial debido a la demora en la resolución definitiva del tema en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las bancadas opositoras de la anterior legislatura calificaron la disposición como una “dictadura gubernativa judicial” y como un “golpe al Legislativo”.
En el marco de la reorganización legislativa, Lara sostuvo un encuentro con los jefes de bancada de las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea y anunció la creación de comisiones mixtas destinadas a investigar presuntos actos de corrupción en gobiernos anteriores. “Se ha alcanzado un consenso entre las fuerzas políticas, a excepción del Movimiento Al Socialismo (MAS), para conformar comisiones que analicen hechos de corrupción que hayan generado perjuicio económico al Estado en administraciones anteriores”, indicó Lara.
Estas instancias investigarán presuntos casos de corrupción durante las administraciones de Evo Morales (2006-2019), Jeanine Añez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025).
Agenda legislativa
Esta semana la Asamblea Legislativa tiene en agenda el tratamiento de tres créditos de financiamiento internacional que suman cerca de 680 millones de dólares.
El lunes, el vicepresidente Lara -que preside la Asamblea- condicionó la aprobación de los préstamos a que el Ejecutivo explique “técnicamente” cómo se van a utilizar esos recursos.
“Créditos que tienen esa finalidad de libre disposición, si no explican técnicamente, obviamente, vamos a rechazar. Créditos que tienen una finalidad, una explicación técnica, un destino adecuado, vamos a aprobar y vamos a apoyar”, manifestó Lara en un video difundido en las redes sociales.
Los proyectos aprobados por la Comisión de Planificación son el del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, por 550 millones de dólares, que fue gestionado por el presidente Rodrigo Paz y dos de la legislatura anterior, uno de 100 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que está destinado a la reposición de gastos por la emergencia del Covid-19 y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 30 millones de dólares para la construcción de un Parque Lineal entre las ciudades de La Paz y El Alto.
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