El asesinato de dos hermanos por parte de su padre en Uruguay generó una fuerte conmoción en la sociedad. La semana pasada, los menores –que eran intensamente buscados– fueron encontrados en el arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro, luego de que su padre los retirara a la fuerza de su hogar. El hombre, de 28 años, se suicidó junto a ellos.
El caso generó marchas de parte de colectivos feministas, que definieron el episodio como un caso de violencia vicaria, que se da cuando un hombre ataca a sus hijos con la intención de causarle dolor a la madre.
El mismo día viernes 5, cuando los cuerpos fueron hallados, hubo una marcha hasta la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno uruguayo. Fue organizada por integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Al final de la movilización, el secretario de Presidencia del gobierno uruguayo, Alejandro Sánchez, recibió a representantes del colectivo y anunció la instalación de una mesa de trabajo en el primer nivel del gobierno con el objetivo de revisar el sistema de respuesta y establecer una hoja de ruta.
Pero, además, el caso tuvo repercusiones en el Parlamento, en las que se exhibieron diferencias entre el oficialismo y la oposición.
La tragedia puso nuevamente sobre la mesa la discusión de una norma aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y que ahora las nuevas autoridades buscan derogar, informó este martes el diario local El País. Se trata de una ley llamada Corresponsabilidad en la crianza, pero conocida popularmente como “ley de tenencia compartida”.
Esta norma introdujo la posibilidad de que los padres que son denunciados por violencia puedan seguir viendo a sus hijos, siempre que cumplan con determinadas condiciones y garantías que no impliquen un riesgo para el adolescente.
La derogación de esa norma es promovida por organizaciones de la sociedad civil y por la bancada del Frente Amplio, que ahora es el partido del gobierno de Uruguay.
Uno de los argumentos utilizados para que se derogue la norma es que se establecen “relatos”, según declaró al medio uruguayo la activista Andrea Tuana, referente de la ONG El Paso. Para ella, la ley habilitó la idea de que existen “muchas denuncias falsas” contra padres y que “hay madres que alienan o manipulan a sus hijos para que rechacen a los progenitores”.
“No tienen evidencia empírica”, dijo Tuana, al cuestionar esta decisión. Según la activista, este tipo de afirmaciones se realiza muchas veces cuando “hay antecedentes de violencia”. Aseguró que lo que sucede hoy en día es que hay “peritos que recomiendan la revinculación, aunque dicen que la violencia existió”.
El guante fue recogido por la bancada del Movimiento de Participación Popular (MPP), el espacio mayoritario del oficialismo uruguayo.
“Creemos que hay que derogarla completa a la ley porque establece varias cuestiones que vulneran los derechos de las infancias y adolescencias, sobre todo en el tema de las medidas cautelares ante situaciones de violencia basada en género hacia la madre. Determina que, por ejemplo, las medidas cautelares sean hacia la mujer y no hacia los hijos”, dijo la diputada de ese espacio Inés Cortés, al noticiero Telemundo de Canal 12.
En la ahora oposición, sin embargo, hay reparos a la propuesta del oficialismo. Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional e impulsor de la norma en el período anterior, consideró que no se puede derogar una ley por un caso excepcional.
“Tener una concepción mágica de la ley y, mucho peor, ejercer un populismo irresponsable de aprovechar un caso trágico para promover la derogación de una ley realmente es inconcebible e inaceptable. Sin fundamento ni lógica legislativa”, dijo en una rueda de prensa.
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