Nicaragua se ha convertido en el país con mayores obstáculos para el ejercicio periodístico en Centroamérica, advirtió Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP), durante un encuentro realizado en Tegucigalpa.
Ella enfatizó el alcance del deterioro: “El caso más crítico es el de Nicaragua, donde tenemos una dictadura desde la crisis política de 2018, más de 200 periodistas exiliados solo en Costa Rica, muchos han perdido hasta su nacionalidad y quienes permanecen trabajando en el país siguen criminalizados y perseguidos”.
La gravedad de la represión relatada se refleja en el colapso de las condiciones mínimas para ejercer la profesión y en el surgimiento de patrones de criminalización y asfixia institucional orientados a erradicar toda voz informativa independiente.
Según mencionó la agencia EFE, esta ofensiva, advirtió la dirigente, ha llevado a la consolidación de una estructura en la que el control de la información es absoluto y la pluralidad ha sido eliminada.
Diversos datos y hechos respaldan el diagnóstico de Cárcamo sobre la hostilidad extrema que enfrentan los periodistas desde el inicio de la gran crisis política en abril de 2018.
El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) reportó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por órdenes directas del régimen de Daniel Ortega, lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente nicaragüense.
A la vez, el Colectivo Nunca Más identificó el exilio forzado de 253 periodistas en apenas seis años, cifra que sigue creciendo con la salida reciente de decenas de profesionales. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), en ocho de los quince departamentos del país ya no hay periodismo independiente: esto ha transformado regiones enteras en verdaderos desiertos informativos, donde la ciudadanía queda sin acceso a voces críticas ni a una cobertura plural.
Muchos de ellos se ven obligados a buscar empleos adicionales fuera del sector comunicacional para poder cubrir sus gastos, ya que el costo de vida en los países de acogida resulta considerablemente más alto.
Sin embargo, la represión no se limita al cierre o confiscación de medios. El régimen ha recurrido a leyes ambiguas y sanciones judiciales, administrativas y policiales con el fin de criminalizar la labor informativa.
Un caso paradigmático es el del periodista Víctor Ticay, condenado a ocho años de cárcel por “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”.
Hechos similares son los de Fabiola Tercero, comunicadora desaparecida tras un intento de detención policial, y varios colegas sometidos a vigilancia, hostigamiento y allanamientos arbitrarios.
Un pilar de esta ofensiva es el conjunto de leyes promulgadas desde 2018 para amordazar la prensa: la Ley Especial de Ciberdelitos (“Ley Mordaza”), la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Soberanía, entre otras.
Estas normativas otorgan al Ejecutivo atribuciones extraordinarias para sancionar, juzgar y encarcelar a comunicadores bajo cargos de “noticias falsas”, conspiración o colaboración con potencias extranjeras.
El informe “Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”, subraya la magnitud del exilio: Nicaragua, Venezuela y Cuba concentran el 92,3% de los periodistas desplazados en América Latina, con 268 comunicadores nicaragüenses forzados a abandonar el país entre 2018 y 2024, la mayoría bajo amenazas derivadas de estas leyes.
La represión ha tenido un impacto devastador sobre todos los formatos y escalas de medios. Desde el retorno de Ortega y Murillo al poder en 2007, 61 medios han sido cerrados o confiscados, según El Confidencial Nicaragua.
A partir de 2018, la situación se agravó: 12 medios fueron asaltados, clausurados o incendiados durante protestas y operativos de represión militar. Canales de televisión locales, radios vinculadas a la Iglesia y plataformas digitales sufrieron desmantelamientos con excusas administrativas, a pesar de haber cumplido los requisitos legales. Directivos y empleados, incluidos choferes y personal administrativo, resultaron igualmente criminalizados.
Uno de los hechos más ilustrativos fue la confiscación del diario La Prensa, el más antiguo del país, tras un bloqueo aduanero de insumos y la detención de su gerente bajo cargos de lavado de dinero. El edificio fue transferido posteriormente al Estado con otros fines.
Medios históricos como 100% Noticias también fueron allanados, y sus directores encarcelados o enviados al exilio. Este proceso culminó, además, con el cierre y la intervención de organizaciones civiles y fundaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión.
Según información de EFE, el control digital es otro eje del modelo represivo. La Universidad Nacional de Ingeniería, dependiente del Estado, suspendió los dominios .ni de los principales medios críticos, dejando sin acceso nacional a sus portales informativos y recursos en redes sociales. ONG y colectivos de derechos humanos denunciaron esta práctica como un ataque directo a la libertad informativa en el ámbito digital.
El PCIN contabiliza 24 nuevos proyectos surgidos en Costa Rica, España y Estados Unidos, donde medios como Confidencial, Artículo 66 y República 18 intentan subsistir a pesar de precariedad económica y falta de seguridad laboral.
Además, el régimen intervino incluso en los mecanismos de salida: pasaportes y documentos han sido retenidos o confiscados, periodistas detenidos en fronteras y obligados, en ocasiones, a utilizar rutas clandestinas para huir a Costa Rica. Estas travesías, muchas veces realizadas en condiciones de alto riesgo junto a sus familias, reflejan el nivel de amenaza y represalia que enfrentan.
El diario El Confidencial, de Nicaragua, retrata, que el impacto de la represión es profundo en lo económico, personal y emocional. Los salarios previos no alcanzan para costear la vida en el país de destino, impidiendo la adquisición de bienes básicos y cualquier intento de reconstrucción profesional.
Según mencionó Global Investigative Journalism Network, el liderazgo de Carlos F. Chamorro permitió la reorganización de medios y el fortalecimiento de alianzas como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y CONNECTAS, que impulsan investigaciones colaborativas y comparten recursos y canales informativos en condiciones de clandestinidad y exilio.
Sin embargo, el futuro es incierto: persisten la fragilidad financiera y la insuficiencia de ayuda internacional, lo que compromete la sostenibilidad de los modelos nacidos en el exilio.
Chamarro explicó en una conferencia que dio para el Instituto Reuters, que la represión contra el periodismo en Nicaragua es, además, una política de Estado aplicada a todo actor social disidente: Iglesia católica, movimientos estudiantiles, ONG y exfuncionarios públicos han sufrido represalias similares. La presión internacional no ha conseguido revertir el giro autoritario ni aliviar el asedio contra periodistas y medios.
Disolvieron la Unión de Periodistas y más de 5.600 ONG en el marco de una ofensiva contra la sociedad civil
Según informó la agencia EFE, la dictadura por Daniel Ortega disolvió, en mayo, otras 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la histórica Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), fundada en septiembre de 1979 tras el triunfo de la revolución sandinista.
De acuerdo al Diario Oficial La Gaceta, con esta medida ya suman más de 5.670 asociaciones canceladas desde diciembre de 2018. La ministra del Interior, María Amelia Coronel, ejecutó la decisión a través de dos acuerdos ministeriales: seis entidades, incluida la UPN, fueron clausuradas de manera unilateral por supuestos incumplimientos legales, mientras que las restantes solicitaron su disolución voluntaria.
El Ministerio del Interior justificó el cierre de la UPN señalando que no presentó sus estados financieros de 2023 y 2024 y que mantenía una junta directiva vencida desde 2017.
Esta organización fue parte fundamental del sector informativo desde el inicio del sandinismo y su cancelación se inscribe en un contexto de represión sostenida contra la sociedad civil, periodistas y activistas, iniciado tras las protestas de 2018.
(Con información de EFE)
Últimas Noticias
Alex Saab y Raúl Gorrín: vínculos con Maduro, ¿lavado del narco? y un temor compartido entre chavistas
El destino de estos popes del blanqueo es incierto. Se cree que podrían ser extraditados por Delcy Rodríguez a los Estados Unidos, lo que puso en alerta al resto de los testaferros y traficantes ligados a la dictadura
Fernando Aramayo, canciller de Bolivia: “Era necesario terminar con el proceso de aislamiento y quitarnos la venda de los ojos”
El ministro de Relaciones Internacionales de Bolivia conversó con Infobae sobre la agenda de su país con Estados Unidos y otros asuntos de la nueva política exterior que lidera el presidente Rodrigo Paz
“Estoy pagando por ser yerno de...”: la familia del fallecido director de Conexión Ganadera se desliga de la megaestafa que conmociona a Uruguay
Alfredo Rava, yerno de Gustavo Basso, definió como “horrible” lo que su suegro hizo con los clientes y dijo que todavía no pudo procesar que se haya suicidado. Contó que para la familia era considerado un “Dios”
Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”
En diálogo con Infobae, el Director General del OIEA remarcó la falta de transparencia de Teherán en su programa atómico y cuestionó la inacción de la ONU en el conflicto. “Estamos en el filo de la navaja”, subrayó
Auditoría a mina de cobre en Panamá supera 66% con revisión de parámetros de agua y aire
El proceso de revisión cubre datos recopilados entre enero y febrero de 2026 y forma parte de la auditoría integral ordenada por el Ministerio de Ambiente.
