La oposición chilena le pidió al gobierno aplicar Ley Antiterrorista por el asesinato de un guardia forestal

Un grupo de diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN) emplazó este martes al gobierno de Gabriel Boric a estampar una querella bajo la Ley Antiterrorista por el atentado que dejó un guardia forestal muerto y otro gravemente herido el sábado pasado en el fundo Los Prados, ubicado en la comuna de Victoria, región de La Araucanía (615 kms al sur de Santiago).

Los parlamentarios, encabezados por Frank Sauerbaum, Carla Morales y Miguel Becker, entre otros, oficiaron al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a fin de “dar una señal efectiva de justicia y revalidar el compromiso del Presidente Boric de atacar el terrorismo”.

De acuerdo a los legisladores, el Ejecutivo, “a través del Ministerio de Seguridad, presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado, desahuciando la utilización de la Ley Antiterrorista, apelando a que se buscaba no comprometer el curso de la investigación”.

Debido a esto, emplazaron al gobierno a que “rectifique y haga uso del estatuto penal antiterrorista”, toda vez que “la acción armada organizada y el resultado letal configuran de manera evidente las conductas que la nueva Ley Antiterrorista precisamente busca prevenir y sancionar con mayor severidad”.

Finalmente, el grupo pidió evitar “estrategias procesales” para no aplicar la ley, lo que implicaría un retroceso en la lucha contra la violencia en la llamada Macrozona Sur por los reparos históricos “que tienen las coaliciones de centroizquierda de aplicar este estatuto en contra de crímenes que se ocultan tras la apariencia de reivindicaciones territoriales”.

El ataque

El trágico hecho ocurrió la noche del sábado pasado en el fundo Los Prados, ubicado en la comuna de Victoria, específicamente en un sector conocido como Selva Oscura, cuando la camioneta en que se movilizaban dos guardias forestales que prestaban servicio para la empresa CMPC fue baleada por desconocidos, quienes habrían utilizado armamento de guerra.

Uno de ellos, identificado como Manuel León Urra, de 60 años, resultó fallecido, mientras que el copiloto, César Osorio, de 50 años, fue derivado de inmediato al hospital de dicha comuna donde permanece en estado grave con tres heridas de bala en el cuerpo.

Desde el Gobierno condenaron el hecho e informaron que aunque no se hallaron lienzos reivindicativos de algún grupo radical mapuche, aún no descartan querellarse por la Ley Antiterrorista, por lo que están a la espera del resultado preliminar de la investigación.

Querella ante la CIDH

Por otra parte, la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) estampó el martes pasado una denuncia contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo garantizar el derecho a la vida, la seguridad y el trabajo en la Macrozona Sur, y este miércoles apuntaron directamente al ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

“¿Qué ha dicho el Ministerio del Trabajo respecto de la muerte de este trabajador? ¿Ha habido alguna declaración, algún alcance?”, criticó el gerente de la agrupación, René Muñoz.

Consultado al respecto, Boccardo sostuvo escueto que “nos corresponde colocar los mecanismos de mediación para apoyar a los trabajadores forestales, y estamos en coordinación con los ministerios de Seguridad e Interior que son los encargados de ver todas las aristas”.

Finalmente, el senador por la región del Biobío -parte de la Macrozona Sur-, Gastón Saavedra (PS), aseguró que el Estado de Excepción debe mantenerse en algunas zonas, pero debiese ser derogado en comunas donde la violencia ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años.