La Policía Federal de Brasil informó el jueves que los movimientos bancarios del ex presidente Jair Bolsonaro entre 2023 y 2025 muestran “indicios” de blanqueo de capitales, en el marco de la investigación por la supuesta trama para entorpecer su causa por intento de golpe de Estado. El organismo denunció formalmente a Bolsonaro junto a su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro, por un delito de coacción.
Según el informe presentado al Tribunal Supremo, los movimientos bancarios de Bolsonaro entre marzo de 2023 y junio de 2025 “muestran indicios de posible lavado de dinero u otras actividades ilícitas”. El documento también asegura que entre 2023 y 2024 el expresidente recibió aproximadamente 30,5 millones de reales (cerca de cinco millones de euros).
El mismo informe sirvió a la Policía para denunciar a ambos por coacción, al considerar que promovieron en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños con el objetivo de obstaculizar la investigación que enfrenta Bolsonaro por intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde el 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas, relacionadas con la supuesta financiación de hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo en Estados Unidos.
Según la Policía, la campaña buscaba promover aranceles del 50% a las importaciones brasileñas y sanciones contra autoridades nacionales, incluido el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes.
El informe policial detalla que las acciones de Bolsonaro y su hijo fueron impulsadas en un contexto en el que el presidente estadounidense Donald Trump mostró interés por la situación judicial del ex mandatario brasileño.
La Policía Federal considera que los hechos constituyen delitos de coacción y posible lavado de dinero, y envió el caso al Tribunal Supremo para su evaluación y las decisiones correspondientes.
La investigación sobre Bolsonaro se suma a los procesos judiciales que enfrenta por el intento de golpe de Estado contra el actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido durante el período posterior a las elecciones presidenciales de 2022. La denuncia se centra en la presunta coordinación de acciones en el exterior para entorpecer el curso de la justicia y la supervisión de las medidas cautelares.
El organismo precisó que los movimientos bancarios analizados incluyen transferencias y operaciones financieras realizadas tanto en Brasil como en el extranjero, que podrían corresponder a actividades ilícitas. Además, se evaluó que los fondos utilizados en la campaña internacional habrían tenido como objetivo ejercer presión política sobre el Gobierno brasileño.
El Tribunal Supremo recibirá el informe de la Policía Federal y decidirá sobre la apertura de un proceso formal y las sanciones correspondientes en caso de confirmarse las acusaciones de lavado de dinero y coacción. Las autoridades brasileñas sostienen que la investigación busca garantizar que los actos de presión internacional no interfieran con la justicia interna.
(Con información de Europa Press)
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