Las carreteras que conectan las principales ciudades de Bolivia están expeditas después de 15 días de bloqueos de los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que protestaban por su exclusión de las elecciones generales de agosto y la crisis económica que enfrenta el país.
Según datos del Ministerio de Economía, las dos semanas de bloqueos provocaron pérdidas totales de más de 1.000 millones de dólares. “Bolivia es un país productor de alimentos, tiene un potencial muy grande, pero todos estos bloqueos que ha realizado Evo Morales y sus secuaces ha generado desabastecimiento y especulación de precios”, explicó el ministro Marcelo Montenegro en conferencia de prensa.
El domingo, las organizaciones sociales que respaldan al ex mandatario anunciaron una “pausa humanitaria” en la medida de presión, luego de que se produjeran al menos seis muertes en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, entre ellos cuatro policías. Sin embargo, pese al anuncio, el lunes quedaban al menos siete piquetes activos en el departamento de Cochabamba, epicentro de la protesta.
El dirigente David Veizaga informó que si bien se suspendieron los cortes de ruta, se realizarán otras medidas de presión, como marchas y cacerolazos. Los partidarios de Morales rechazan su inhabilitación para ser candidato en las elecciones del 17 de agosto e insisten con forzar su postulación, pese a que existen fallos judiciales que lo impiden y que el plazo para el registro de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral ya venció.
A esta demanda política, se suman las protestas contra la crisis económica marcada por el incremento de los precios de la canasta familiar y la escasez de combustible, tras un periodo de desabastecimiento que provocó largas filas en las estaciones de servicio y afectaciones a sectores estratégicos como el transporte pesado y la agroindustria.
En las dos semanas de bloqueo, se llegaron a producir hasta 24 piquetes simultáneos, la mayoría concentrados en el departamento de Cochabamba (centro) y el norte del Potosí (sudoeste), donde se produjeron enfrentamientos violentos. El 10 de junio en el municipio minero de Llallagua se enfrentaron vecinos con bloqueadores para exigir el paso de alimentos y otros insumos para el área urbana. Al día siguiente, un contingente policial intervino en la protesta y el choque con los manifestantes dejó dos policías muertos por impacto de bala.
También se reportó oficialmente el deceso de otros dos policías y dos civiles en otros enfrentamientos, y aunque circulan versiones de más campesinos fallecidos en choques con policías y militares, éstos no han sido confirmados por el Gobierno.
El ex presidente Morales denunció durante su programa en la emisora cocalera Kawsachun Coca, que lo ocurrido en Llallagua fue algo “bien montado” por el Gobierno de Luis Arce para culpar al movimiento campesino y señaló que en la acción militar y policial de desbloqueo hubo varios manifestantes muertos de los que “no se comunica nada”, aunque no dio nombres ni más detalles sobre el tema.
En tanto el Gobierno denunció a Morales y sus seguidores de intentos de desestabilización del orden democrático y por la convulsión generada en las últimas semanas. El entonces ministro de Justicia, César Siles, denunció al ex presidente ante la Justicia por los delitos de “terrorismo, instigación pública a delinquir, obstaculización de procesos electorales, atentados contra la libertad de locomoción y la libertad de expresión”, luego de que se difundiera un audio que se le atribuye -y que él niega- en el que ordena cercar ciudades para ejecutar la “batalla final”.
Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este martes por la mañana se registra un solo corte de ruta por conflictos sociales -que no están relacionados a la demanda del evismo- en la localidad de San Ignacio de Moxos, al noreste del país, en el departamento del Beni. Los transportistas de esa población amazónica exigen la normalización en el suministro de combustible y advierten que la protesta es indefinida.
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