Exconsejero correísta refugiado en México recibe orden de prisión en Ecuador: se pedirá alerta roja de Interpol

La jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva contra Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) afín al correísmo, tras constatar el incumplimiento de las medidas cautelares que le habían sido impuestas dentro de la investigación por presunta asociación ilícita en el caso Ligados. La Fiscalía General del Estado solicitó además que se emita la notificación roja de Interpol para su localización y captura, dado que el procesado se encuentra fuera del país, específicamente en México, donde ha obtenido el estatus de refugiado.

“Luego de haber verificado el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas a Augusto V., la Fiscalía de Ecuador solicita se dicte prisión preventiva en su contra. Además, pide que se emita la difusión roja de Interpol para su localización y captura”, publicó la Fiscalía en su cuenta oficial en la red X el 6 de mayo de 2025.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, argumentó que Verduga no se había presentado periódicamente como lo exigía la resolución judicial inicial, lo que constituía una clara violación de sus obligaciones procesales. Según informó el medio Ecuavisa, la jueza acogió el pedido del Ministerio Público y ofició a la Interpol para que se active el mecanismo internacional de búsqueda y detención.

Verduga, identificado como uno de los operadores políticos del correísmo en el Cpccs, compareció a la diligencia de forma telemática desde México, donde actualmente reside. En su intervención, afirmó que no puede regresar a Ecuador porque teme por su vida. Solicitó que se le permita ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía o, en su defecto, que se le autorice rendir versiones desde la Embajada de Suiza en México. No obstante, la fiscal Salazar aclaró que no existe una solicitud formal presentada por la defensa para acogerse a dicho sistema.

Durante la audiencia, Verduga fue consultado directamente por la jueza Camacho si estaría dispuesto a volver al país para la elaboración del perfil de riesgo, como parte del procedimiento para ingresar al sistema de protección. La respuesta fue negativa. Aseguró que no existen “garantías suficientes” para salvaguardar su integridad física y que su vida correría peligro si pisa nuevamente territorio ecuatoriano.

La situación jurídica del exconsejero se complica aún más por el reciente documento expedido por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con fecha del 21 de abril de 2025, que le reconoce formalmente la condición de refugiado en territorio mexicano, junto a su núcleo familiar. En la constancia oficial, publicada por Ecuavisa, firmada por la Subdirectora de Protección de la COMAR, Daniela Márquez Estrada, se detalla que Verduga fue admitido como refugiado con base en los artículos 13, 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de ese país. También se extiende dicho estatus a su esposa e hijos, todos de nacionalidad ecuatoriana.

Este reconocimiento complica el eventual proceso de extradición o repatriación, ya que el Estado mexicano no puede expulsar a una persona con estatus de refugio reconocido, a menos que se demuestre que ha cometido crímenes graves o que representa un peligro para la seguridad nacional. Sin embargo, la emisión de la notificación roja por parte de Interpol aún puede limitar su libertad de movimientos fuera del país norteamericano.

A esto se suma que México y Ecuador no tienen relaciones diplomáticas desde que Jorge Glas, el ex vicepresidente sentenciado por corrupción, fue capturado dentro de la legación diplomática mexicana en Quito por parte de la Policía de Ecuador, en abril de 2024.

Verduga es investigado dentro del caso Ligados junto al también exconsejero Eduardo Franco Loor. Ambos son señalados por la Fiscalía como parte de una estructura que habría incurrido en actos de corrupción y tráfico de influencias para controlar instituciones como la Superintendencia de Bancos, el Tribunal Contencioso Electoral y el propio Cpccs. De acuerdo con los chats encontrados en el celular de Verduga, los exconsejeros habrían negociado cargos y favores políticos a cambio de apoyo en votaciones clave.

En contraste con la decisión adoptada contra Verduga, la jueza Camacho modificó las medidas cautelares en favor de Eduardo Franco Loor. Aceptó que sus presentaciones periódicas se realicen en la Corte Provincial del Guayas, cada quince días, en lugar de Quito, debido a razones médicas. Además, dispuso que el procesado justifique documentadamente la cirugía a la que dice se someterá en los próximos días.

El caso Ligados, que continúa en fase de instrucción fiscal, ha revelado una compleja trama de designaciones irregulares, influencia política, y presuntas acciones coordinadas para manipular organismos de control en beneficio de intereses partidistas. Además, el caso ha generado que Verduga sea tachado como “desleal” por parte de la ex candidata presidencial y directora nacional del correísmo, Luisa González. Esto por grabar una serie de conversaciones sobre los movimientos políticos del movimiento que ahora forman parte del expediente fiscal y son de acceso público.