Cívicos de Santa Cruz exigen al Gobierno de Arce rendir cuentas y aumentar la dotación del combustible

Crece el malestar por la escasez de combustible en Bolivia. A los reclamos del sector productivo y el transporte pesado, se sumó el Comité Cívico de Santa Cruz que en una conferencia de prensa anunció una reunión con sus afiliados para definir acciones y medidas de presión contra el Gobierno.

“Bolivia colapsó, la lucha por el combustible nos vuelve a unir a todos los bolivianos”, manifestó en conferencia de prensa el presidente de la entidad, Stello Cochamanidis. “El Gobierno nacional nos ha llevado a una quiebra total con el despilfarro de nuestro dinero, nuestros ahorros y comprometió nuestro futuro” dijo el cívico al leer la declaración de una reunión con los representantes de 24 sectores productivos.

Cochamanidis exigió “la liberación inmediata del combustible” y anunció que convocarán a una “Asamblea de la Cruceñidad”, un encuentro extraordinario que realizan las organizaciones cívicas de Santa Cruz afiliadas al comité. En paralelo instó a los legisladores de oposición a exigir una rendición de cuentas a los ministros de Planificación, Economía y al presidente de la estatal petrolera “para que informen al pueblo boliviano sobre el destino de los fondos destinados a la compra de combustible”.

Bolivia enfrenta desde hace más de un año periodos cada vez más frecuentes y prolongados de escasez de carburantes, principalmente de diésel, un producto que es en su mayoría importado. Según datos oficiales, el Estado boliviano compra el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que requiere para abastecer el mercado interno y además lo subvenciona: lo vende a un precio más barato que el de la compra, lo que ha creado un hueco en la economía debilitada del país.

La importación y subvención de combustible representa uno de los mayores gastos públicos. En 2025 se presupuestaron 56 millones de dólares semanales para la importación de diésel y gasolina. En paralelo la producción local de hidrocarburos ha caído desde 2014 cuando el país producía 18,6 millones de barriles de petróleo al año y en 2023 produjo menos de la mitad, lo que constituye una de las principales causas de la crisis económica actual.

En medio de una nueva crisis energética que afecta principalmente la dotación de diésel, los sectores que dependen de este carburante se han declarado en emergencia.

Las explicaciones que han dado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre el desabastecimiento actual son diversas: sobre demanda por la temporada de cosecha, sobre demanda por el uso de maquinaria en el norte de La Paz, sobre demanda por Carnaval y bloqueos realizados hace más de dos semanas en dos municipios del país.

Sin embargo, las alteraciones logísticas de distribución y el aumento de la demanda son circunstanciales y los expertos ven que el problema de fondo es la baja producción local y las crecientes dificultades de importación por la falta de divisas, lo que ha abierto el debate en Bolivia sobre la continuidad de la política de subvención.

El Comité Cívico de Santa Cruz es una entidad tradicionalmente opositora a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo y jugó un rol clave en el derrocamiento de Evo Morales en 2019. En el últimos dos años, la institución fundada hace más de siete décadas, bajó la guardia tras su fallido intento de adelantar la fecha del Censo de Población y Vivienda con un paro de 36 días que agotó sus mecanismos de presión social.

Ahora, en medio de la crisis económica y de combustible, y en la recta final del Gobierno de Luis Arce que enfrenta sus niveles más altos de desaprobación, los cívicos alistan protestas para forzar al Gobierno a subir la dotación de carburantes y transparentar sus cuentas.