La noche del 8 de diciembre de 2024 quedó marcada por la tragedia en Guayaquil, cuando cuatro menores fueron detenidos por militares en un operativo que terminó con su desaparición y posterior asesinato. A casi dos meses de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó públicamente lo ocurrido y exigió justicia, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió medidas cautelares por otros casos de desaparición vinculados a las Fuerzas Armadas en el país.
Steven Medina, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Nehemías Arboleda, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos cerca de un centro comercial y un hospital en el sur de Guayaquil tras jugar fútbol con amigos. Aunque seis menores lograron escapar, los cuatro adolescentes fueron llevados en vehículos militares hacia Taura. Esa noche, Ismael logró comunicarse con su padre y, entre sollozos, pidió ayuda. Días después, sus cuerpos fueron encontrados calcinados y con signos de tortura cerca de una base militar en Taura.
La CIDH emitió un comunicado este 22 de enero de 2025 condenando los hechos, calificándolos de desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial. Además, señaló que la incineración de los cuerpos tuvo como objetivo eliminar evidencia y garantizar la impunidad. Según la CIDH, este caso evidencia abusos de poder en el contexto de los estados de excepción impuestos por el gobierno ecuatoriano, que permiten a las fuerzas armadas involucrarse en tareas de seguridad ciudadana.
“El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique la posible responsabilidad de personal militar”, enfatizó la CIDH en su comunicado. Además, criticó las declaraciones del Ministerio de Defensa, que tras disculparse públicamente por orden judicial, calificó el hábeas corpus otorgado a las familias como una “persecución política”.
La CIDH también destacó la necesidad de que Ecuador adopte políticas de seguridad con enfoque en derechos humanos, priorizando la protección de menores afrodescendientes, quienes enfrentan riesgos adicionales debido al perfilamiento racial y la violencia estructural.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, por su parte, exigió medidas inmediatas en el caso de Dave Robin Loor y Juan Daniel Santillán, desaparecidos tras ser detenidos por militares en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Ambos jóvenes fueron interceptados el 26 de agosto de 2024 en un operativo militar. Aunque las fuerzas armadas inicialmente negaron su participación, un informe militar filtrado confirmó que los soldados involucrados pertenecen al Grupo de Fuerzas Especiales N. 25 Base Sur, según reveló un reportaje de las periodistas Karol E. Noroña y Jetssael Orozco.
El Comité de la ONU emitió 14 recomendaciones divididas en tres áreas clave: búsqueda e investigación, acceso a la información y medidas de protección para las familias de los desaparecidos. Entre las acciones urgentes, se incluyó establecer un plan integral para la búsqueda inmediata, obtener bitácoras militares del operativo y garantizar la protección de las pruebas y de los familiares. Además, el Estado ecuatoriano debe entregar un informe de cumplimiento antes del 5 de febrero.
En medio del dolor, las familias afectadas han expresado su descontento con las respuestas del gobierno. Lorena Roca, madre de Dave Robin Loor, quien lleva meses buscando a su hijo, denunció el trato indiferente de las autoridades. “Exigimos verdad, que no manipulen la verdad, que no manchen la honra de mi hijo”, afirmó en el reportaje de Noroña y Orozco.
La CIDH recordó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser una medida excepcional y temporal, ya que su entrenamiento está diseñado para operaciones militares y no para la protección civil. Asimismo, reiteró que el caso de los cuatro menores de Guayaquil refleja las graves consecuencias de la militarización de la seguridad interna.
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