El presidente Luis Arce dijo este fin de semana que, en este momento, en el mundo hay dos ejes enfrentados, el de Estados Unidos y Europa, “que está en decadencia”, y el eje que conducen Rusia y China, “que Bolivia apoya”.
La definición política del presidente, hecha en Moro Moro, cerca de Vallegrande, se produce cuando la moneda boliviana se ha devaluado después de 38 años y el ex presidente Evo Morales, su mentor, dice que Arce sólo se dedica a los negocios y ha descuidado el manejo de la economía.
El embajador chino, Huang Yazhong, acaba de confirmar que su país abrirá en Bolivia un banco para facilitar el uso del yuan como moneda que vaya remplazando al dólar en la economía boliviana, como desea Arce.
Empresas chinas controlan en Bolivia la minería del oro y un consorcio chino tiene a su cargo la explotación del mayor yacimiento de litio de Sudamérica, mientras Rusia avanza en la instalación de una planta de energía nuclear en El Alto.
Funcionarios chinos controlan gran parte de las 2.000 cooperativas auríferas de Bolivia, que ahora han decidido desconocer a los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras.
Los dirigentes chinos de esas empresas han logrado frenar la aprobación de la ley del oro, porque no desean que aumente el impuesto, el menor de toda la minería boliviana.
Se considera que el impuesto a la extracción del oro, de 4,8% sobre las utilidades, es el más bajo del mundo, porque así lo exigen las especiales -y confidenciales- condiciones que se aplican en esta materia.
Confirmando su filiación con el eje Rusia-China, el gobierno de Arce solicitó la llegada de 65 oficiales del ejército de Venezuela la semana pasada, para sumarse al contingente que opera en Bolivia desde el gobierno de Morales, según denuncias del militar retirado Omar Durán.
Asimismo, aumenta la presencia de agentes cubanos, entre los que figuran los asesores del gobierno, ahora empeñados en debilitar al poder industrial de Santa Cruz, que consideran un obstáculo para el avance del socialismo.
Crisis económica y droga
Pero los mayores problemas de Arce no tienen que ver con esos proyectos de China, Rusia y sus aliados regionales, sino con la crisis económica provocada por la absoluta escasez de dólares, la falta de combustibles y el predominio de la droga.
La policía española ha realizado investigaciones sobre la llegada a ese país de cocaína procedente de Bolivia sin informar ni pedir la participación a la policía boliviana.
Lo que se explica por la llegada a España de 17 toneladas de cocaína en dos años y el escandaloso caso del envío, en un solo vuelo, de 478 kilos de la droga a bordo de estatal Boliviana de Aviación (BoA).
La empresa fue creada por el gobierno de Evo Morales para remplazar a la tradicional Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Aerosur cuando el cocalero estaba decidido a cambiarlo todo en Bolivia.
Ahora, con el descubrimiento de la carga de droga a bordo de BoA hay el peligro de que la única empresa aérea boliviana sea sancionada y no pueda llegar a países extranjeros.
Sólo el ex ministro de gobierno Carlos Romero se ocupa de revelar los hechos de corrupción de la gestión de Arce, mientras la oposición parlamentaria se debilita por la deserción de algunos diputados.
Dice Romero que la empresa petrolera estatal, YPFB, tiene una deuda de 1.000 millones de dólares con empresas proveedoras de combustibles importados, con las operadoras de los campos de gas que se agotan y con los cañeros proveedores de etanol.
Y, a pesar de eso, dice el ex ministro, la empresa da luz verde a negociados de hasta 720 millones de dólares por la importación de gasolina.
El caso del envío de 478 kilos de cocaína en un avión de la empresa estatal a España ha sido criticado incluso por el ex presidente Evo Morales, dirigente de los productores de coca de Chapare, donde se elabora gran parte de la droga.
Allí se produjo, en mayo pasado, el ataque de un grupo de narcos a la policía para rescatar droga que había sido incautada, pero los responsables no han sido capturados.
Mientras tanto, militantes del partido de gobierno tomaron por la fuerza en los últimos días las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a la que acusan de proteger solamente a los dirigentes “de derecha”.
Lo curioso es que la policía está ahora protegiendo a los asaltantes de esas oficinas, del mismo modo que deja hacer a los avasalladores de tierras en Santa Cruz.
En ese departamento, sobre todo en la capital, Santa Cruz de la Sierra, los empresarios sienten ahora que ha comenzado un verdadero “atraco” del gobierno de Arce con el pretexto de castigar a los deudores del ahora cerrado Banco Fassil.
Se trata de un operativo muy parecido a la campaña de “terrorismo y separatismo” que ejecutó el gobierno de Morales, con detenciones arbitrarias en 2009 en el propósito de acabar con la “media luna”, conformada por los departamentos donde el MAS era rechazado.
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